Es uno de los casos que explican cómo se fugaron US$ 300 millones durante la gestión kirchnerista. Entre 2013 y fines de 2015, se orquestó una maniobra para puentear las restricciones del cepo cambiario, sacar fortunas del país simulando que los fondos estaban destinados a pagar importaciones y depositarlos en cuentas bancarias de los Estados Unidos y Hong Kong.
Los organismos que debían controlar llegaron tarde, como mínimo, porque aún no se definió su responsabilidad o participación en la organización delictiva. El caso lleva alrededor de un año en el juzgado de Gustavo Meirovich, en el fuero Penal Económico. Hay alrededor de 600 imputados. ¿En qué consistía la maniobra? En algunos casos las empresas conseguían permisos para importar, conocido como DJIA (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones); sacaban los dólares fuera del país; y nunca compraban los materiales que habían declarado. El dinero nunca regresaba a la Argentina. Tampoco las importaciones. Fugaban las divisas. Pero los casos más llamativos son diferentes: se montaron empresas truchas que comenzaron a conseguir permisos para importar y lograron sortear todos los controles: los bancos privados no las reportaban, el Banco Central tampoco, la Secretaría de Comercio les aprobaba los permisos y la AFIP las denunció recién a fines de 2015.
Hasta ahora, la causa tiene un procesado clave: Mister Corea. Su verdadera identidad es Sung Ku Hwang y es surcoreano. Su especialidad: simular importación de textiles. Está procesado como jefe de una asociación ilícita, con conexiones con el Mono Minnicelli, cuñado de Julio De Vido, y Cuki Barreiro Laborda, supuesto informante de Gómez Centurión. El lunes, ampliará su indagatoria y creen que podría aportar información. La red operaba en la Argentina y daba servicios a locales pero los contactos con el extranjero eran vitales.
Ahora, el juez Meirovich busca avanzar en un paso clave: poder congelar las cuentas del exterior que captaron los fondos fugados y traer el dinero de vuelta al país. En ese escenario, se reunirá la próxima semana con funcionarios del Ministerio de Justicia para intentar acelerar el intercambio de información con Estados Unidos y Hong Kong. “Si abren las cuentas, se pueden congelar los fondos y traerlos de vuelta. Hasta se puede establecer para quiénes se sacó la plata y a quiénes se les vendían, por ejemplo, los servicios”, enumeraron fuentes del caso. ¿Quiénes son los dueños del dinero? Es lo que el juez Meirovich debe probar.
La denuncia inicial fue presentada en agosto de 2015 por la AFIP. Luego, el titular de Aduana, Juan José Gómez Centurión, presentó una similar: 55 empresas sospechadas y una fuga de US$ 300 millones de dólares. Desde entonces la investigación de Meirovich avanzó hasta tener más de 600 imputados, concretar decenas de allanamientos, detenciones y embargos. Según fuentes de los organismos que intervienen en el caso, el fraude al Estado podría ascender a más de US$ 1.000 millones.
Al juez le espera una ronda de testimoniales e indagatorias para empleados, aduaneros y otros personajes. “El grupo del coreano es el 10% de la investigación y sacó unos US$ 30 millones, lo demás es incalculable”, todavía.
