En el mismo país donde Norberto Oyarbide se jubiló sin inconvenientes como juez a pesar de sus vinculaciones públicas con prostíbulos y proxenetas, los jueces del Fuero Penal Económico denunciaron a su colega Javier López Biscayart por “desprestigiar al Poder Judicial” al concederle una entrevista a PERFIL en la cual denunció presiones del Poder Judicial. Se tomaron el trabajo de elaborar una denuncia de 35 páginas, adjuntar copias de la entrevista al diario, presentarla en el Consejo de la Magistratura y reclamar que lo sancionen.
Aquello que generó el enojo de las autoridades del Fueron Penal Económico fue que López Biscayart dijera que, mientras investigaba las coimas del caso Skanska, había recibido presiones de sus superiores a través de rechazos a cambios del personal de su juzgado y manejo del presupuesto. Las ansias por castigarlo expresan el estado de alteración que atraviesa gran parte del Poder Judicial, incapaz de disimular complicidades, desbordado por reclamos, confundido frente a un gobierno que envía señales contradictorias y ávido por reconstruir una descascarada pátina de honorabilidad.
Un divorcio con historia. Las diferencias entre López Biscayart y sus superiores, los integrantes de la Cámara en lo Penal Económico, provienen precisamente de los tiempos en que funcionarios y empresarios afectados buscaban ahogar los ecos de la investigación del caso Skanska.
Por entonces, el juez había convocado a un equipo de policías para colaborar específicamente con la investigación. La cámara lo objetó. También intentó separar a la secretaria del juzgado, María Fernanda de Loyola, con quien protagonizaba una relación de enfrentamientos y desconfianza. “No hacer lugar”, fue la respuesta de la cámara.
En 2009, el juez llegó a reclamarle por escrito al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que interviniera en el enfrentamiento; le contó que Loyola había llegado a poner un cencerro en el juzgado para expresar que la trataban “como ganado”.
Siete años después, López Biscayart todavía espera que Lorenzetti le responda la carta.
En su presentación contra el juez y ante el Consejo de la Magistratura, la Cámara recordó todos aquellos requerimientos de personal que le concedieron al juez a lo largo de los años, en un intento de los jueces Edmundo Hendler, Marcos Grabivker y Roberto Hornos, por despejar las sospechas de presiones.
El caso Skanska, que escondía coimas para construir un gasoducto en el norte, fue el primero que exhibió los circuitos de corrupción en el kirchnerismo.
La primera reacción del gobierno kirchnerista fue sacarle a López Biscayart la investigación y llevarla al Fuero Federal, mucho más controlable. Fue precisamente la Cámara en lo Penal Económico la encargada de cortarla en dos pedazos, y pasarle la pesquisa por las coimas al Fuero Federal, donde avanzó hacia la impunidad hasta que se reabrió el año pasado, y dejarle a López Biscayart la investigación por las facturas truchas, que terminó con condenas contra un grupo de empresarios. La reapertura de la causa Skanska, que ordenó el año pasado la Corte Suprema, preocupa especialmente al ex ministro Julio De Vido, quien en el pasado supo disfrutar de una inigualable protección judicial, un beneficio que, como tantas otras cosas, también amenaza con descascararse con los vientos de la historia.
