Los incendios en Corrientes se convirtieron en una preocupación a nivel nacional no solo por el impacto ambiental sino también por los perjuicios económicos que genera en los productores de la zona. En ese contexto es que la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió se refirió a la "posible catástrofe ganadera" y alertó que "si la sequía se agrava, no sólo en Corrientes, es imprescindible que la emergencia y la zona de desastre involucre exenciones impositivas por liquidaciones forzadas de stock ganadero".
La ex diputada nacional pidió además el respaldo para "los productores en su angustia presente y futura", en medio de los cortocircuitos que viene arrastrando el gobernador Gustavo Valdés de la UCR, con el Gobierno nacional.
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Asimismo, el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica presentó un proyecto de resolución para citar al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandié "a efectos de que brinde la información y dé las explicaciones correspondientes respecto de las acciones adoptadas en relación a la mitigación de los graves focos de incendio que vienen azotando distintos puntos de nuestro país, y que en muchos casos siguen activos, causando una catástrofe productiva y ambiental sin precedentes", indica el texto al que tuvo acceso PERFIL.
En particular, quieren saber el presupuesto inicial vigente del ministerio, cuánto fue devengado en los últimos tres ejercicios y cuáles fueron los recursos no utilizados del Fondo Nacional de Manejo del Fuego provenientes de ejercicios anteriores.
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También piden conocer el desglose de la utilización de dicho fondo y cuáles fueron las medidas y acciones tomadas por el Grupo de Trabajo conformado por decreto, en el marco de la emergencia ígnea.
"Los incendios y las sequías, como fenómenos extremos son en parte causados y/o agravados por las consecuencias del cambio climático, pero podrían también ser iniciados por el ser humano, una cuestión que la justicia debería resolver en cada caso y que de ninguna manera puede ser objeto de especulación y uso político o ideológico por parte de las autoridades", indica el proyecto en sus fundamentos.
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Apunta también contra la Ley Nacional de Manejo del Fuego que se sancionó en 2020 en el Congreso, motorizada por el diputado y ex jefe de bloque del Frente de Todos Máximo Kirchner.
Marca allí el "falso argumento de que un productor incendiaría su propia tierra para forzar un uso de suelo carece de cualquier tipo de sustento, ya que esta norma prohíbe estos cambios en caso de incendios por un extenso período de tiempo".
"No obstante esto, escuchamos recientemente al Sr. Ministro de Ambiente en declaraciones radiales insinuar que la responsabilidad de estos incendios era de los productores agropecuarios, lo que equivaldría a una posible falta de resultados positivos de la citada norma, en los términos en los que fue propuesta", indican con ironía en el texto que firman los integrantes de la bancada que lidera Juan Manuel López.
Polémica ley
En un proyecto aparte, la Coalición Cívica impulsa la derogación de la ley 27.604, modificatoria de la Ley 26.815 de Manejo de Fuego.
La normativa fue aprobada en 2020, con múltiples cuestionamientos provenientes de la oposición y también de sectores internos del Frente de Todos ligados al trabajo ambiental, que finalmente quedaron subsumidos bajo la iniciativa de Máximo Kirchner.
"La finalidad de esta ley es congelar el cambio de uso del suelo previo al incendio, por un lapso mínimo de años de acuerdo al caso, sesenta si se tratara de bosques nativos, implantados, áreas protegidas y/o humedales, o bien o treinta (30) años para el caso de zonas agrícolas, pastizales, praderas, matorrales y zonas periurbanas", indican los diputados de la CC.
Con esa descripción, recordaron que "para ese entonces, advertimos los peligros contenidos dentro del proyecto de ley impulsado por el diputado Máximo Kirchner, los cuales suscitarían consecuencias devastadoras para la producción, las economías regionales y ciertos emprendimientos municipales, siendo asimismo regresiva en cuanto a la protección ambiental ya existente".
En sus fundamentos indican que buena parte de las disposiciones de la ley "no hacen más que criminalizar al propietario de la tierra, sin indagar sobre su culpabilidad, al impedir el uso y libre disponibilidad de la propiedad por un tiempo excesivo, deviniendo en confiscatorio e inconstitucional. Es un claro atropello a nuestras garantías constitucionales como el derecho a la propiedad, el principio de racionalidad y de inocencia".
Al respecto, la diputada Mariana Zuvic la calificó como la "ley de venganza K" contra los productores agropecuarios y cuestionó que "no busca prevenir, sino perseguir y criminalizar".
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