Sebastián Casanello procesó a exfuncionarios de la Secretaría de Ambiente
La medida alcanza a Juan José Mussi, Omar Judis, Sergio Lorusso y Ricardo Villaba. Están acusados de violar la ley de glaciares
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Cedoc
El juez Sebastián Casanello, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, procesó cuatro exfuncionarios del kirchnerismo por el presunto delito de delito de abuso de autoridad.
La medida alcanza a Juan José Mussi (padre del actual intendente de Berazategui, Patricio Mussi), a Sergio Lorusso y a Omar Judis, quienes ocuparon cargos en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Y abarca también a Ricardo Villaba, integrante del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).
Los procesados están acusados de incumplir con lo establecido en la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639, promulgada en octubre de 2010, más conocida como "Ley de glaciares") y los principios consagrados en la Ley General de Ambiente (25.675).
En su fallo, difundido por el Centro de Información Judicial, Casanello sostuvo que los acusados crearon un documento (“Cronograma y Fundamentos de Ejecución”) que contradecía la ley nacional 26.639. Ese documento, sostuvo, impidió que fueran inventariados, conocidos, y protegidos muchos cuerpos de hielo existentes en la zona Lama-Veladero. En esa región, que por su extrema aridez hacía aún más necesaria la preservación del agua, se asienta la mina “Barrick Gold”, que sufrió un derrame en septiembre de 2015.
El magistrado los señaló también por haber retenido información y demorar la publicación del Inventario Nacional de Glaciares, y por postergar los trabajos que debían efectuarse en la zona, la cual era “prioritaria” conforme la ley debido a la existencia de la mina. Los incumplimientos, argumentó, vulneraron al menos dos derechos humanos fundamentales: el derecho al ambiente sano y el derecho al agua, y por lo tanto toda la comunidad fue perjudicada.
Ante este escenario, y para evitar que los glaciares afectados sigan “consumiéndose”, el juez notificó lo resuelto al Ministerio de Ambiente de la Nación (autoridad de aplicación de la ley) y al Congreso de la Nación.
