Las 11 de este martes 18 de agosto marcarán el inicio del trabajo del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, creado por decreto por el presidente Alberto Fernández. El Consejo, compuesto por once miembros y un coordinador, tiene un plazo de 90 días de trabajo tras lo cual elevará a presidencia un dictamen técnico con recomendaciones y propuestas.
A partir de hoy, el grupo se encontrará todos los martes y sábados de 11 a 13, de forma virtual, vía zoom. En tanto que además tendrán audiencias extraordinarias con distintos actores del mundo judicial y de los propios sectores involucrados en los cambios. A lo largo de tres encuentros previos que tuvo el Consejo, para definir pautas operativas de funcionamiento, también se estableció que no trabajarán por comisiones sino que todos participarán de todos los temas y al final de cada jornada se elaborará un acta sobre lo tratado.
El Consejo Consultivo ultima detalles antes de su comienzo formal
En el Consejo sobresalen entre otras la presencia de Carlos Beraldi, reconocido penalista y defensor de CFK, y miembros de distintas Cortes provinciales, entre otros. Su incorporación es precisamente uno de los puntos que más críticas y resistencias genera por su rol en la defensa de la vicepresidenta, que incluso tiene una serie de planteos realizados ante el máximo tribunal. En el Palacio de Tribunales, de hecho, son varias las voces que coinciden en referirse a la Comisión como la "Comisión Beraldi", y consideran que la iniciativa está impulsada por la ex presidenta.
De acuerdo a lo que sostiene el decreto presidencial con el que fue creado, las propuestas del Consejo Consultivo se adoptarán por mayoría de la totalidad de sus miembros y cada integrante podrá incluir las disidencias y recomendaciones que estime necesario dejar planteadas. Siguiendo esos lineamientos, el Consejo deberá expedir una “descripción valorativa con especial indicación de los problemas que se observan para el correcto funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Consejo de la Magistratura de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, ambos de la Nación”.
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► ¿Cuáles son los principales puntos a tratar en cada sector?
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Corte Suprema de la Nación: el Consejo deberá hacer un análisis de su funcionamiento en el que se incluya “el establecimiento para la selección de integrantes, de criterios de diversidad de género y representación federal”. También deberá hacer una evaluación integral de las normas que reglamentan la competencia atribuida a la Corte por la Constitución Nacional, tanto en materia originaria o bien por apelación ordinaria y extraordinaria. El análisis y eventual reformulación del sistema de desestimación in limine -certiorari-, así como de normas en materia de audiencias orales para el tratamiento de los casos trascendentes y trámite de recursos y fijación de plazos procesales máximos para su resolución, particularmente en materia penal”.
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Consejo de la Magistratura de la Nación: sobre este órgano, encargado de la selección y posible destitución de magistrados, se realizará un análisis sobre su funcionamiento que incluya “la conveniencia, o no, de modificar la estructura y composición del cuerpo y armonizar su funcionamiento con el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” así como la evaluación acerca de los cargos de consejeros, y si estos deben ser de dedicación exclusiva. También deberán evaluar la forma de dotar de dar más “agilidad, publicidad y transparencia a los concursos de selección y a los procesos de enjuiciamiento de magistrados, con posibilidad de brindar una mayor participación a las universidades públicas y a las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto estatutario se vincule directamente con el servicio de administración de justicia”. Y contemplar “la incorporación de perspectiva de género en la composición del Consejo y en los actos que hacen a su funcionamiento” junto con un “análisis de la inclusión de un criterio federal para la composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación”.
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Ministerio Público de la Nación: sobre la jefatura de fiscales se deberá evaluar la conveniencia, o no, de modificar el actual régimen legal de designación de sus titulares y la posibilidad de que sus mandatos sean temporarios. Y también contemplar la posibilidad de incorporar a su estructura a la actual Oficina Anticorrupción (OA) y a la Unidad de Información Financiera (UIF). En tanto que sobre el Ministerio Público de la Defensa, se deberá analizar la posibilidad de integrar, mediante convenios, al servicio de defensa oficial, a los Colegios Públicos de Abogados de las respectivas jurisdicciones. La incorporación de perspectiva de género en la composición del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, también estará presente.
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Juicios por jurados: deberá realizarse un análisis sobre los criterios para dar cumplimiento de la manera más eficaz al mandato constitucional.
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Transferencia de competencia: la Comisión también analizará y evaluará el modo de finalizar el proceso de transferencia de competencias en materia penal no federal a la ciudad de Buenos Aires. Incluyendo la manera de reasignar funciones a los empleados con los que cuenta el actual fuero Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, teniendo en cuenta lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las Acordadas 4 y 7 del año 2018.
► ¿Cómo se llegará al dictamen?
Deberá ser adoptado por mayoría e incluirá las disidencias y recomendaciones que cada integrante quiera dejar planteadas.
► ¿Quiénes son todos los integrantes?
En el Consejo, además de Beraldi, está el ex juez y ex ministro, Carlos Arslanián; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires y ex candidata a la Procuración General de la Nación, Inés Weinberg de Roca; Enrique Bacigalupo, exjuez del Tribunal Supremo español y procurador del Tesoro de Héctor Cámpora, uno de los hombres más reconocidos del Derecho argentino; la abogada Marisa Herrera, experta en temas de familia del país y los miembros de las Cortes de Buenos Aires, Tucumán, Tierra del Fuego y Mendoza: Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo. Así como los constitucionalistas Andrés Gil Domínguez y Gustavo Ferreyra.
CD/FeL
