Las elecciones para renovar los cargos de consejeros jueces y abogados ha generado tensiones en el seno de los partidos políticos porque la Magistratura es un órgano político por excelencia.
Es una estructura que maneja el presupuesto de todo el poder judicial del país además de seleccionar, sancionar o remover jueces, que el oficialismo con mayoría de votos de los trece miembros ha utilizado para “disciplinamiento” y “persecución”. Así, lo definió en su momento lo definió el juez federal Claudio Bonadio en su alegato de defensa hace unos días.
En tanto a otros jueces federales con más de ochenta causas como Norberto Oyarbide, lo protegen, e incluso habrían intentado “negociar su situación con la de Bonadio”, explican voces opositoras.
“El Consejo de la Magistratura, como la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo o el Ministerio Público son órganos que fueron incorporados con la reforma constitucional de 1994 y gozan de “jerarquía constitucional”.
Fueron pensados para controlar al poder para evitar “abusos” de poder y proteger a los ciudadanos en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos al que pertenecemos tras la ratificación de la Convención Americana o más conocido como Pactos San José de Costa Rica, garantizado en el artículo 75 inc 22 de nuestra Carta Magna”, explica el constitucionalista Félix Lön.
A fin de año, se renovarán también y por los próximos cuatro años los consejeros diputados nacionales y senadores que representan al oficialismo y al radicalismo.
En tanto, de la decisión que tome el Consejo Interuniversitario Nacional, surgirá el representante académico que estuvo alineado desde la implementación de la Magistratura con el oficialismo.
Hoy, se llevan a cabo las elecciones a lo largo de todo el país para elegir al abogado que representará a las provincias y que suplirá a Daniel Ostropolsky.
El abogado mendocino, ha ejercido su mandato en base a la defensa de los derechos y garantías constitucionales y ha bregado sin cesar por que el manejo de los fondos del poder judicial sean analizados por la Auditoría General de la Nación tras un convenio firmado en el año 2005, pero su voz no ha sido escuchada.
Candidatos de abogados provinciales. Son cinco los candidatos que buscan su banca en la Magistratura pero no existe un predomominio de uno sobre otro porque la “vorágine” que sacudieron denuncias de corrupción en los últimos días parece haber cambiado el tablero.
Carlos Andreucci, representa a la Lista 1, “Abogacía Federal Independiente”, junto a Luis María Campos.
Andreucci, oriundo de la ciudad de La Plata, ha negado de manera rotunda durante su campaña por todo el país estar vinculado al ministro de justicia Julio Alak, y entre sus propuestas ha defendido la importancia del acceso a la Información pública y la transparencia en cada acto judicial, como también la imposibilidad del sistema de acceder a información sobre contrataciones, el debate presupuestario y la Independencia Judicial como ícono de una República Federal.
Andreucci apuntó a mayor participación de los abogados en la comisión de selección de magistrados que hoy sólo se compone con representantes del oficialismo, jueces y académicos. Transparencia en los concursos, y una gestión abierta a la ciudadanía.
Este candidato fue presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y trabajó investigaciones y temas de corrupción ante la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados.
Adolfo Athos Aguiar, es asesor de empresas de la ciudad bonaerense de Junín y como ex consejero de los abogados provinciales como Pablo Mosca y el actual representante Daniel Ostropolsky ha impugnado ante “irregularidades” y ha combatido la corrupción en el manejo de los fondos del poder judicial.
Aguiar develó una licitación “millonaria” con costos de manutención e implementación “incalculables” que habría sido “simulada” para adquirir un software que ya era propiedad del poder judicial. Este sistema operativo no resulta operativo y cuya implementación habría “fracasado” por no cumplir con las demandas de los trabajadores judiciales y de los ciudadanos, explican funcionarios jurisdiccionales.
La candidatura de la Lista 5, “Somos abogados” que lidera Aguiar junto a Eduardo Zavaleta, ha sido avalada por una medida cautelar ordenada por la jueza en lo contencioso, Rita Ailan, porque la Junta Electoral de la Federación Argentina de Colegios de Abogados le impedía oficializar su lista.
Miguel Alberto Piedecasas, es un abogado de la provincia de Santa Fe aunque tiene estudios jurídicos en la ciudad de Buenos Aires y otras provincias.
Su propuesta se sustentó en la fortaleza de los abogados para impedir que la Magistratura resulte funcional al poder. Le preocupa la infraestructura de la Justicia federal, la cobertura de las vacantes para cubrir juzgados en todo el país. Esto, pondría en riesgo el acceso a justicia para los ciudadanos, garantía constitucional que no puede ser vulnerada, explican sus asesores.
Piedecasas planteó en sus debates la defensa de los valores de la República, la Democracia y los derechos fundamentales de las personas, como la salud, la vida, la educación, el acceso igualitario a justicia, en los que ha trabajado desde que se recibió de abogado, explican quienes lo acompañan en estas elecciones.
También le preocupa el manejo arbitrario de las subrogancias, la discrecional apertura o no de los procedimientos de suspensión y remoción de jueces que condicionan la independencia judicial en su trabajo diario, como la redefinición del perfil del juez que trabajará junto a la ciudadanía.
El abogado santefesino, ha sido alineado al presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y al radicalismo.
Su lista es la número 2, “Abogados por una Justicia Independiente” y es acompañado por Carlos Litman.
César Antonio Grau, es de la provincia de Santa Fe, y ha sido relacionado como el candidato de los camporistas en el Consejo, el Secretario de Justicia Julián Alvarez y el diputado nacional Eduardo De Pedro.
Grau es el delegado en la ciudad de Rosario de la Caja de Seguridad Social de los matriculados.
Entre sus propuestas sostuvo la defensa del federalismo y la modernización de un mapa judicial que posibilite acceso igualitario a justicia a todos sin distinción.
Planteó una férrea defensa a la capacitación a través de la Escuela Judicial como la implementación de un Código de Etica Judicial a través del cual los abogados puedan monitorear el desempeño de los magistrados y reclamar ante cualquier supuesto mal desempeño.
Otras de sus inquietudes y preocupaciones sería Justicia Previsional y apuesta a descomprimir ese fuero y terminar con el colapso y la mora en el servicio de justicia para los mayores.
De hecho presentará un proyecto para mejorar recursos y dotar de dinamismo en la labor diaria de jueces, abogados y empleados judiciales en pos de mejorar la defensa de la gente.
Grau es acompañado por Omar Eduardo Basail, en la lista 3, “Equidad con M.A.Y.O”
Adolfo Alvarado Velloso, abogó en la provincia de Santa Fe y su inquietud radica en recuperar la representación de los abogados en el Consejo de la Magistratura que se habría convertido en un instrumento del oficialismo para “ajusticiar” a los jueces que pretender impartir “justicia”, explican sus cercanos.
Propuso participación y cambios en su campaña. Apela a romper con el hermetismo de muchos magistrados y funcionarios judiciales.
Entre sus proyectos existe el de defender los procesos en los diferentes fueros para evitar desigualdades que beneficien a una u otra parte.
Pretende una amplia representación de los abogados de todo el país y luchar desde el Consejo para la transparencia en los concursos y la selección de los jurados de esos procedimientos.
Su candidatura ha sido cuestionada porque fue juez durante la última dictadura militar y el artículo 4 de la Ley del Consejo de la Magistratura, lo prohibiría. Por ello, su participación podría haber sido objetada, sin embargo sigue adelante.
Alvarado Velloso lidera la lista 4, “Proyecto Republicano Federal” y lo secunda Raúl Sancho Eiras.
El voto de los abogados del interior del país resulta ser el “Séptimo”, el más codiciado entre los trece consejeros para dar vuelta o no una decisión en un plenario.
Los abogados fueron excluidos de la Comisión de selección de magistrados lo que ha generado “inconsistencias” en los procesos que ha sido limitada a la participación de jueces, oficialistas y el consejero académico.
Esta decisión habría sido un acuerdo cerrado allá por el 2006, entre la ex senadora Cristina Fernández de Kirchner y los jueces, quien en ese momento impulsó la modificación de la reglamentación del Consejo y limitó sus integrantes a trece, explican voces judiciales.
Los abogados provinciales han votado en defensa de la ciudadanía alejados del poder de turno y es eso lo que estaría en juego en las elecciones del día de hoy que definirán la nueva conformación de la Magistratura, sentencian especialistas.
(*) De la redacción de PERFIL.
