POLITICA

Correo: la empresa de los Macri aclaró cuánto le pagaría al Estado

La compañía de la familia presidencial se presentó ante la Justicia a pedido del Ejecutivo para explicar detalles de su última oferta. La propuesta dista mucho del cálculo del Ministerio Público Fiscal que estableció que la deuda de la firma superaba los $ 4.000 millones en 2017.

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La causa del Correo tiene en jaque al Grupo Macri. | Juan Obregón - CEDOC.

Correo Argentino SA, la empresa de la familia del presidente Mauricio Macri, volvió a presentarse esta semana ante la Justicia y detalló cómo propone pagar su deuda con el Estado.

En un escrito ante la Cámara Comercial que lleva el caso, Correo planteó escenarios posibles a futuro. La compañía de los Macri propondría pagar alrededor de $738 millones, de acuerdo al escrito presentado en el expediente y publicado por el Poder Judicial de la Nación. 

La propuesta dista mucho del cálculo del Ministerio Público Fiscal que estableció que la deuda de Correo superaba los $ 4.000 millones en 2017. Actualmente, el monto habría crecido debido a los intereses. 

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El acuerdo entre el Gobierno y la empresa de la familia presidencial lleva 30 meses de dilaciones.Tras varias idas y venidas, la Justicia le ordenó al Ejecutivo que decida si acepta o no esa propuesta de pagos antes de que termine agosto, como publicó PERFIL. 

El abogado de Correo, Jaime Kleidermacher, viene sosteniendo ante las consultas de este medio que la compañía quiere llegar a un acuerdo lo antes posible. En su escrito del viernes la empresa plantea que proyecta cerrar la negociación con el Ejecutivo en diciembre próximo. Para entonces, el presidente Macri podría estar dejando el poder o renovando su mandato, dependiendo del resultado de las elecciones de fin de año. 

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La compañía busca que para esa fecha el acuerdo esté cerrado. Pero comenzará a pagar más adelante y siempre y cuando el Ejecutivo y la Justicia acepten una serie de condiciones.

¿Qué ofreció Correo? En el escrito, la empresa establece que en febrero de 2020 estaría dispuesta a pagar una parte de la deuda: los poco más de $296 millones que debía al Estado en 2002, cuando se inició la disputa judicial. 

La compañía volvió a aclararle al Ejecutivo que no pagará los intereses que su deuda viene acumulando en los últimos 17 años hasta que el Estado no le abone a Correo sus juicios por presunto daños y perjuicios por la estatización del servicio en 2003 y por canon adeudado

La empresa también aclaró que cubrirá esos $296 millones con los fondos que tiene en una cuenta bancaria que está congelada por orden de la Justicia y bajo investigación por presunto vaciamiento de la compañía. En ese expediente, la fiscal Gabriela Boquin denunció a las empresas del grupo Macri, Sideco y Socma, de supuestamente desviar fondos de Correo para el pago de alquileres y gastos sospechosos de otras empresas del holding. Correo niega haber vaciado la compañía en favor de otras empresas de los Macri.

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Si para 2022, la Justicia fallara a favor de Correo en sus reclamos contra el Estado por la estatización, entonces la compañía de la familia presidencial propone pagar otros $438,3 millones en concepto de intereses adeudados. La suma rondaría, entonces, los $ 738 millones en 2022.

En total, Correo tiene abiertos 11 expedientes iniciados en distintos juzgados reclamando daños y perjuicios al Estado Nacional. La Justicia en lo contencioso administrativa aún debe decidir si el Estado está en deuda con Correo por la estatización y a cuánto alcanza esa deuda. 

El abogado de la empresa de los Macri explicó que los reclamos alcanzarían unos $ 2.300 millones que deben ser actualizados con intereses millonarios. La Justicia estima que podría tratarse de alrededor de $ 4.000 millones, según explicó una fuente del caso.

PERFIL contó en su edición del sábado último cómo durante el último mes, coincidieron pedidos de la empresa Correo con resoluciones judiciales, de la Magistratura y del Ejecutivo que intentarían reducir el monto que la compañía tiene que pagarle al Estado para cerrar el acuerdo. La clave estaría en resolver las sentencias judiciales contra el Estado. Entonces, se podrían compensar las deudas y reclamos entre la empresa y el Ejecutivo. Una sincronización de poderes en el caso que más preocupa al Presidente.