Este miércoles 1 de diciembre terminó el plazo máximo establecido por decreto para que el presidente Alberto Fernández dé a conocer el nombre del candidato o candidata para ocupar la vacante que se abrió en la Corte Suprema tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco. Sin embargo, no se esperan novedades y la Casa Rosada pateará para más adelante la decisión que deberá acordar con el resto del Frente de Todos, con sectores externos y con el Senado.
"A eso lo decide el Alberto", dijo a PERFIL un dirigente cercano al mandatario que buscó reforzar la idea de que la vacante se resolverá tal y como indica el texto normativo, que "el Presidente de la Nación Argentina tiene la atribución de nombrar a los magistrados de la Corte".
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Sin embargo, desde que Highton anunció que se iba las opciones a proponer no fueron pocas y ameritan desde discusiones internas hasta conversaciones con otros espacios foráneos a Balcarce 50. Eso, en medio de la agenda diaria marcada por la economía y el apuro por lograr el acuerdo con el Fondo Monetario, por ahora tendría poco lugar.
El decreto 222 firmado por el ex presidente Néstor Kirchner en 2003 que indica que "en un plazo máximo de 30 días se publicará en el Boletín Oficial (...) el nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia". En rigor, el texto de la normativa no expresa ningún tipo de responsabilidad para el Ejecutivo en caso de no cumplirlo.
Los nombres en danza y las posibles negociaciones
Desde que se conoció la renuncia de la ex ministra comenzaron a barajarse varios nombres, todos de mujeres.
Es que además de la exigencia de que si el puesto vacante era ocupado por una mujer sea cubierto por otra, el decreto mencionado antes apunta a que la candidatura "permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal".
La primera de ellas es Marisa Herrera, una abogada feminista, profesora e investigadora del Conicet. También es una de las integrantes de la "Comisión Beraldi" que había impulsado el gobierno para debatir la reforma de la Justicia. Desde su entorno se mantuvieron en estricto silencio respecto de si hubo o no contactos con la Casa Rosada.
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Oriunda de las tierras del jefe de Gabinete Juan Manzur, Claudia Sbdar es otra de las que suena como posible candidata. Se trata de otra abogada que integra la Comisión para reformar la Justicia y que preside la Corte Suprema de Tucumán.
Impulsar su candidatura implicaría negociar con el propio jefe de los ministros quién, a su vez, debe evaluar que la carta en juego no afecte los intereses políticos en el territorio provincial. Ello teniendo en cuenta su vínculo con el vicegobernador en ejercicio de la gobernación, Osvaldo Jaldo, que a pesar de que en las últimas semanas pinta amigable, hasta mitad de año estaban por demás que enfrentados.
Más nombres, más conversaciones
En el mismo sentido debe evaluar el presidente respecto de otra de las posibles candidatas, la ministra de la Corte bonaerense Hilda Kogan. La abogada de 76 años fue la primera integrante mujer del máximo tribunal bonaerense. Su eventual postulación obligaría al presidente a acordar con Axel Kiciloff, quién tiene que enfrentar el mismo proceso ya que debe elegir a tres personas para ocupar los puestos vacantes en el máximo tribunal de la Provincia.
En caso de avanzar con la postulación de María del Carmen Battaini, otra de las que suena, también hace falta establecer un canal de diálogo entre la Casa Rosada y el gobernador fueguino Gustavo Mellela, que, de todos modos, es un hombre cercano.
En este caso, la posible candidata es vicepresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Tierra del Fuego y también presidenta de la Junta Federal de Cortes del país. En Comodoro Py, dos hombres de la Justicia vistos por buenos ojos por el oficialismo destacaron fuertemente su trabajo.
Las organizaciones y el pedido al presidente
En el comienzo de esta semana y ante el vencimiento del plazo para elegir candidaturas para la Corte, un puñado de organizaciones y asociaciones vinculadas a los derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional, le entregaron al presidente una nota descriptiva del perfil que debería tener la nueva cortesana.
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"Solicitamos se promueva, sin dilaciones, la designación de una mujer con demostrado compromiso en la defensa de los derechos humanos y con perspectiva de género", indicaron. Y advirtieron que "la designación de un varón en este rol, así como la perpetuación de la vacancia actual, supondría una situación de absoluta gravedad".
Más allá de los consensos que requeriría la postulación de alguna de las mencionadas, en Casa Rosada tienen presente que el proceso es complejo, y que también hay que tener en cuenta los dos tercios necesarios en el Senado para que avance la propuesta.