La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López fueron enviados hoy juicio oral y público en el marco de la causa Los Sauces, acusados de liderar e integrar, respectivamente, una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. Se trata de un nuevo juicio para la ex mandataria y los empresarios, pero el primero para sus hijos. La decisión del juez Julián Ercolini de elevar la causa hizo lugar al pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, presentado a comienzos de agosto pasado. Entre los involucrados del caso también están el ex ministro, Julio De Vido, el socio de López, Fabián De Sousa, los hijos de Báez, Luciana, Leandro y Martín, y la sobrina de CFK, Romina Mercado.
En este caso, Cristina está acusada por el magistrado de encabezar la asociación ilícita que entre 2009 y 2016 diseñó, lideró y llevó adelante "un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de Los Sauces S.A". La forma a través de la cual logró "legitimar una porción de dinero de procedencia ilegítima que era canalizado a través de empresas del grupo Báez y del grupo Indalo a través de la actividad inmobiliaria y hotelera desplegada por la sociedad comercial".
En su pedido de elevación a juicio, Pollicita y Mahiques habían hecho referencia a un “conjunto de planes criminales” que compusieron “el esquema de corrupción que desde la organización criminal dirigida por los ex presidentes, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se instrumentaron en forma coordinada y sistemática”.
Consideraron probado en esta instancia la existencia y funcionamiento de la “asociación ilícita” que, “en forma estable y permanente en base a una división de roles definidos dentro y fuera de la estructura del Estado, a lo largo de más de 12 años se dedicó a cometer múltiples delitos con el fin de primero sustraer y luego apoderarse de fondos públicos”. Y consideraron que ese esquema “le permitió a sus responsables sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos y luego con esos fondos iniciar un camino de retorno de dichos fondos a través de distintos mecanismos de lavado de dinero a favor de la ex familia presidencial”.
Consideraron que esa “asociación delictiva”, logró funcionar en “forma estable y permanente dentro de la estructura administrativa estatal y fuera de ella a través de la instauración de una ingeniería societaria, contable y legal que le permitiría primero sustraer los fondos públicos del Estado Nacional y luego apoderarse de aquellos mediante distintos mecanismos de lavado de dinero”.
Yendo un paso más allá en la dinámicas investigadas agregaron que “los planes criminales llevados a cabo por esta organización delictiva no se agotaban en la sustracción de fondos al Estado Nacional y en la concesión de beneficios exclusivos”. Sino que, “esta misma organización, con alguno de sus integrantes y la incorporación de nuevos, iniciaría una etapa posterior, en la cual una porción del dinero de los empresarios atravesaría el camino inverso en favor de Néstor KIRCHNER y Cristina FERNANDEZ, pero esta vez, ocupando otro rol, en una faceta privada, a través de la instrumentación de distintas maniobras, tales como el lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades”.
En el banquillo
Junto a CFK y el resto de los involucrados anteriormente mencionados, en el banquillo de los acusados estarán: Emilio Carlos Martín, Claudio Fernando Bustos, Martín Samuel Jacobs, Carlos Alberto Sancho, Norma Beatriz Abuin, Jorge Marcelo Ludueña, Ricardo Leandro Albornoz, Víctor Alejandro Manzanares, Osvaldo Sanfelice, Oscar Alberto Leiva, Rolando Aníbal D'Avena, Marcelo Gustavo Mazú, Raúl Oscar Avarese, Lisandro Manuel Gauna y Mónica Liliana Romero.
CD CP
