El juez federal Daniel Rafecas procesó al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido y al ex secretario de Energía Daniel Cameron, entre otros, a raíz de la licitación otorgada a favor de la brasilera Odebrecht para la ampliación de gasoductos norte y sur de nuestro país entre 2006 y 2008.
La medida fue decidida por el juzgado en una de las causas del escándalo Odebrecht en Argentina donde la empresa reconoció haber pagado, en soborno a funcionarios públicos, alrededor de 35 millones de dólares.
El exministro de Planificación, Julio De Vido, figura en una lista que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le entregó a fiscales argentinos por por su posible participación de cobros de sobornos en el caso Odebrecht.
De Vido aparece aparece nombrado en reiteradas ocasiones como posible receptor de los fondos irregulares que la constructora brasileña giró al país para lograr contratos de obra pública
¿Qué compromete a los funcionarios? Los documentos internos a los que accedió este medio y en los que ahora se basa el juzgado de Rafecas demuestran que durante un año, el gobierno de Kirchner y Odebrecht pactaron las condiciones para que la constructora brasileña se quedara con el contrato de los gasoductos. Las autoridades armaron luego una licitación exprés que sólo Odebrecht podía cumplir.
De Vido está sindicado en la causa como el padre de la criatura. Se le adjudica haber modificaron las normas para que una empresa mixta, Cammesa, integrada por el Estado y por empresas privadas del sector energético, asumiera la responsabilidad legal de realizar los gasoductos y contratar a Odebrecht. Pero los documentos internos demuestran que las decisiones nunca se dejaron de digitar desde el Ejecutivo.
