A raíz de una propuesta presentada por el senador Nacional y jefe del interbloque de Cambiemos, Luis Naidenoff, quien anunció que presentará un proyecto para que se conozca la postura de la sociedad frente a la despenalización del aborto, se pone de manifiesto el alcance de las consultas populares y la implicancia que esto puede tener en términos constitucionales a la hora de decidir.
“Es un tema que debe tener un fuerte compromiso y participación de la sociedad, y no hay nada más fuerte que la convocatoria de una consulta para saber a ciencia cierta qué piensa cada ciudadano” comenta Luis Naidenoff a PERFIL, sobre el proyecto de ley.
El integrante del bloque de la UCR evitó dar su opinión personal sobre la eventual despenalización del aborto, aunque remarcó: “Hay un dato de la realidad, que son los 500 mil abortos clandestinos que suceden cada año y no se puede mantener este estado de situación”. “Quiero la decisión de la gente, de lo contrario quedamos sujetos a nuestras propias creencias y esto lo excede”, sostuvo, apelando a los matices y no dejando expresa ninguna opinión, como lo hicieron otros funcionarios en los últimos días.
En caso de llevarse a cabo, la convocatoria deberá contener el texto del proyecto de ley y las preguntas a contestar por el cuerpo electoral, que deben responderse por si, o por no.
Debate constitucional. Daniel Sabsay, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, dijo a este medio sobre la iniciativa: “Creo que la consulta popular es una cuestión de apreciación política, no es un problema legal. Nunca se ha utilizado en nuestro país, y eso es lamentable. Sería un buen comienzo que la gente pueda decidir sobre temas que se vea qué lo que respalda el pueblo”. Argentina sí realizó una consulta popular: fue en 1984 y apuntaba a dilucidar si se aceptaba o no el Tratado de Paz entre el país y Chile en torno a la soberanía de las islas ubicadas al sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego. El incidente entre ambos estados fue conocido como el Conflicto del Beagle.
Para Andrés Gil Domínguez, Doctor en Derecho Constitucional y profesor de la UBA, “no es posible llamar a consulta popular vinculante o no vinculante en materia penal. La discusión sobre la ampliación de las causales de aborto es materia penal, porque se está hablando de despenalizar”.
“Es un criterio de interpretación doctrinaria, hay constitucionalistas que no coinciden, o que consideran que como se trata de algunas cuestiones penales no se puede someter a consulta, pero no hay prohibición al respecto ni la constitución ni la ley 25423”, justifica el senador Nacional.
Un eventual referendo sobre despenalizar el aborto es, para Gil Domínguez, “una política de obstaculización y de demora del debate”. “La única opción es un debate en el Congreso”, recalcó.
Poder de decisión. Ante la consulta de PERFIL sobre cómo puede influir en la legislación un resultado determinado, el jefe del interbloque Cambiemos sostuvo: “Incide mucho, no hay herramienta más soberana que el propio voto”. “Influye dar un debate serio sobre el tema, independientemente de que la consulta sea no vinculante”, aclaró. “Va a tener un mandato muy fuerte, va a ser muy difícil apartarse del mensaje de la sociedad si es contundente”, consideró el legislador.
Asimismo, Naidenoff sostuvo que esto debería interpelar a la hora de decidir, sobre lo que manifiestó: “Si no escuchás a tu propio pueblo, tenés un gran problema. Esta convocatoria es una manera de ingresar a una etapa reflexiva más allá de las convicciones que cada uno tenemos sobre este tema”, comentó a PERFIL.
Gil Domínguez se mostró contrario a la propuesta. “Generaría una presión para el proceso de reforma”, evaluó.
Por su parte, Sabsay vio con aprobación la idea. “Si los legisladores van en contra de lo que decide la gente, sería un costo político muy grande. Las consultas populares, a pesar de ser no vinculantes, generalmente marcan la votación del parlamento”, comentó. “Aunque en la Argentina, nunca se puede saber”, concluyó el especialista.
