La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal sentenció este viernes la "invalidez constitucional" del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Mauricio Macri por el cual se modificó la Ley de Migraciones en enero de 2017. El tribunal, integrado por los jueces Jorge Alemany, Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, dispuso la inconstitucionalidad de la norma al considerar que el Poder Ejecutivo utilizó "sin justificación" la herramienta del DNU y otras medidas adoptadas, que son "contrarias a los derechos humanos y los migrantes". La presentación en la causa la había hecho el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), según consignó NA.
Los jueces advirtieron que la modificación de la Ley Migratoria dispuesta por decreto por Macri "no sólo constituye una apropiación de facultades legislativas sin causa constitucional que la legitime, sino que también recoge en su articulado soluciones que son incompatibles con los estándares constitucionales y de derechos humanos que forman parte de las condiciones de vigencia de los instrumentos internacionales en la materia".
En linea, sobre el alegato del Gobierno acerca de una supuesta "emergencia en seguridad" que justificaba la reforma, los magistrados sentenciaron que "el decreto no expone razones válidas para sostener la necesidad inmediata de modificar la ley eludiendo la participación del Congreso mediante el procedimiento legislativo ordinario".
Por otro lado, consideraron que las reformas que el DNU imponía vulneran la garantía del debido proceso y el derecho de defensa de las personas migrantes, dado que hay riesgos de que se produzcan detenciones arbitrarias.
Además, los magistrados ponen atención sobre las restricciones a los derechos afectan a un grupo desprotegido: "el colectivo al que se refieren estas modificaciones de la ley migratoria constituye un grupo vulnerable, en situación de inferioridad en cuanto al ejercicio real y efectivo de sus derechos". Por ello sostienen que "el decreto no hace más que perpetuar esta situación de sometimiento respecto de todos los migrantes, ya que no se limita a los casos de quienes tienen antecedentes penales o específicamente a quienes poseen antecedentes penales por infracciones a la Ley de Estupefacientes". El 30 de enero de 2017 el Gobierno oficializó la modificación de la Ley de Migraciones estableciendo categorías, requisitos y plazos de admisión para la aceptación y residencia de ciudadanos en el territorio nacional, con el objetivo de "ser restrictivo" con los extranjeros que vengan a "delinquir" al país.
El DNU había endurecido la política migratoria, a través de restricciones al ingreso de extranjeros al país y de herramientas para facilitar la expulsión del territorio nacional. No obstante el decreto fue cuestionado duramente por la oposición y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
