La aprobación de la fusión entre Cablevisión y Telecom Argentina despertó las denuncias y cuestionamientos ante posibles irregularidades en el acuerdo aprobado por el Gobierno. El primer apuntado fue el titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), Esteban Greco, denunciado en la Justicia por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles. Además, un tercio de la Cámara de Diputados pidió tratar la nulidad de la fusión y la oposición ya confeccionó un pedido de información sobre algunos "puntos flojos" al Secretario de Comercio Miguel Braun.
La denuncia que presentó la abogada Liliana Zabala -quien también es querellante de la causa que investiga el incumplimiento de los pliegos de la compra de Entel por parte de Telefónica y Telecom- acusó que Greco integró GPR Economía, "una consultora que durante 2009 y 2014 asesoró a Telecom, Telefónica y Cablevisión en temas de defensa de la competencia y análisis de mercado".
"En la página web de GPR figura toda esa información y Greco trabajó allí hasta 2016, pocos días antes de asumir como funcionario", señaló la letrada en diálogo telefónico con PERFIL. La causa 12.770/16 que llevaba el juzgado de Sebastián Casanello quedó este viernes en manos del juez Daniel Rafecas, según confió Zabala a este portal.
No obstante, la posible incompatibilidad no es el único cuestionamiento que trajo el acuerdo. Diversos diputados del peronismo presentaron un Proyecto de Resolución 4035-D-2018 en el que solicitan la citación de Miguel Braun, Secretario de Comercio, para que explique cuatro aspectos que consideran "muy flojos de papeles".
Los firmantes son Pablo Carro, Leopoldo Moreau, Hugo Yasky, Gabriela Cerruti, Rodrigo Rodríguez, Adrián Grana, Josefina González, Walter Santillán, Vanesa Siley (todos del FPV-PJ), Silvia Horne (Peronismo para la Victoria) y Carlos Selva (Frente Renovador). También dijeron de despacho de Romina Del Plá (Frente de Izquierda) que acompañarán con su firma el proyecto.
Para los legisladores, "Telecom y Cablevisión superan juntas los estándares nacionales e internacionales de concentración, según los propios registros oficiales para todos los servicios en diversas provincias del país, y especialmente en la conexión a Internet de banda ancha a nivel nacional". Además, reclaman que las empresas fusionadas redujeron la dotación de su planta de personal de 27.155 empleados a 26.768 (en sólo tres meses, Telecom informó oficialmente haberse desprendido de casi 400 empleados) mientras que anunció ventas, ganancias e Ingresos Promedio por Cliente –ARPU- muy elevados para los rubros Internet y TV por cable respecto de 2017, sin dudas incrementados por su poder significativo de mercado".
Por dichas irregularidades, la diputada Romina del Plá pidió tratar una ley de "la suspensión de la fusión entre Telecom y Cablevisión. Se trata de un proceso que genera un monopolio de las telecomunicaciones y de los medios audiovisuales, además de un enorme perjuicio para los usuarios y los trabajadores". La respuesta de la Cámara fue que sobre los 211 presentes 82 acompañaron el proyecto, 109 se mostraron en contra y 19 se abstuvieron. Para que el proyecto se trate en el recinto sin pasar por Comisión, deberán obtener las dos terceras partes de los presentes.
La fusión de las empresas -cuyos principales accionistas son los mismos que los del Grupo Clarín- implicaría el nacimiento de un nuevo líder en la Argentina que ofrecerá el "cuadruple play": servicios de telefonía fija y móvil, televisión paga e internet de banda ancha. En diálogo con Infobae, Esteban Greco elogió a la fusión como "la más grande de la historia". El Ente Nacional Comunicaciones (Enacom) ya había aprobado el acuerdo y en los últimos 10 meses la CNDC que dirige Greco estudió los términos para garantizar que "se cumplan con todas las obligaciones".
Para el funcionario denunciado, hay muchas "empresas que estaban tranquilas con sus negocios y no invertían demasiado". "Esta operación va generar un quiebre y una necesidad de invertir para actualizar la infraestructura". PERFIL se comunicó con voceros de Greco, que prefirieron no dar declaraciones.
Zabala, además, representa a más de 2000 trabajadores en la causa que investiga a "todos los funcionarios públicos que no controlaron el incumplimiento contractual de las empresas Telefónica de Argentina S.A. y Telecom S.A., de los Pliegos de Licitación por la compra de Entel, por no abonar la participación en las ganancias a su personal desde la sanción de la Corte Suprema del fallo 'Gentini, Jorge Mario y otros c/ Estado Nacional'". Por dicha causa que lleva Casanello, el fiscal Federico Delgado citó al ministro de Trabajo Jorge Triaca y a diversos funcionarios del Enacom.
Según la abogada, cuando se privatizó Entel, en la década del 90, en el pliego de licitación figuraba como obligatorio abonar la participación en las ganancias al personal. Nunca se cumplió, sin tener en cuenta el fallo de la Corte (caso "Gentini"), que instó a pagar el porcentaje correspondiente.
