El Código de Justicia Militar fue derogado hoy por la Cámara de Diputados, por lo que, de prosperar en el Senado, los uniformados serán sometidos a la justicia federal. La Cámara de Diputados comenzó a sesionar hoy luego de dos meses de inactividad que los propios legisladores decidieron tomar por las elecciones, y algunos de los otros proyectos que aprobó fueron la reestructuración de los créditos hipotecarios contraídos antes de la convertibilidad y la obligación de ofrecer la realización del test de detección del virus del SIDA a las personas que contraigan matrimonio, como parte del examen prenupcial.
Volviendo al tema del Código Militar, enviado por el Poder Ejecutivo el 19 de abril pasado, fue aprobado por 154 votos afirmativos contra 2 negativos y 4 abstenciones, y elimina los tribunales especiales para las Fuerzas Armadas, deja de castigar la homosexualidad, pero pena el acoso sexual, y dará al personal militar garantías constitucionales iguales al resto de los ciudadanos.
En efecto, la iniciativa pone a la Argentina en línea con las legislaciones internacionales y "convierte al soldado en un ciudadano", según definió en su momento el juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni.
Al desaparecer el fuero militar, los delitos cometidos por uniformados pasarán a ser juzgados mediante el debido proceso del cual gozan todos los ciudadanos, por el Código Penal y por el Código Procesal Penal de la Nación.
Con el nuevo régimen para los militares quedará eliminada la pena de muerte y el calabozo, pero se sancionará en cambio el acoso sexual dentro de las Fuerzas Armadas.
El proyecto “no atenta contra el principio de autoridad en las Fuerzas Armadas, pero evita arbitrariedades al consagrar un régimen disciplinario sano para mantener el orden", dijo la presidenta de la Comisión de Defensa de la cámara baja, la kirchnerista Rosario Romero.
El proyecto fue apoyado por la bonaerense María del Carmen Rico, hija del coronel Aldo Rico, por el ARI, la UCR y el socialismo, en tanto sólo manifestó su oposición la diputada macrista Nora Guinzburg, de PRO, quién señaló que la iniciativa significa "un paso más en la destrucción de las Fuerzas Armadas y no voy a ser cómplice de eso", y advirtió que se va en camino de tener "Fuerzas Armadas dibujadas o un grupo de boy scout, como aquí se pretende".
En el armado del proyecto, el gobierno escuchó recomendaciones de distintos organismos y entidades como la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y cumplió con el compromiso asumido por el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a la actualización y modernización de la justicia militar.
La existencia de un fuero especial para militares fue cuestionada por los más prestigiosos constitucionalistas que lo consideran "una discriminación".
El Código de Justicia Militar -que data de 1951- resulta también contradictorio con la incorporación de los pactos internacionales a la carta magna, en la reforma de 1994.
La existencia del fuero militar fue denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humnanos (CIDH) por las sanciones a dos oficiales, uno de ellos Rodolfo Correa Belisle, testigo del caso Carrasco. "Es que el nuevo régimen otorga también mayores garantías a los militares", explicó la diputada Romero. La reforma obliga a la autoridad militar a preservar los elementos de prueba por delitos cometidos por uniformados y limita las facultades de las Fuerzas Armadas para hacer cumplir órdenes a población civil en zonas de combate, dónde sólo podrán remitir al juez al infractor.
Fuente: Télam y DyN
