La decisión de la Corte Suprema de frenar los procesos electorales en San Juan y en Tucumán hizo retomar la atención parlamentaria sobre el proceso de Juicio Político que se lleva adelante en la comisión que preside la entrerriana Carolina Gaillard.
Según confirmaron a PERFIL desde el oficialismo, se mantiene en pie la idea de sumar este nuevo frente de batalla al debate en comisión aunque todavía no está definida la modalidad.
En principio, el próximo jueves sería la última jornada con testigos ligados a supuestos manejos irregulares de la obra social del Poder Judicial, luego sería el turno del análisis sobre la actuación de los cortesanos en torno al fallo de Coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires y por último la discusión sobre la declaración de inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura, en diciembre de 2021.
La convocatoria de la reunión de la semana que viene incluye una nueva citación para el ex director de la obra social, Aldo Tonón, que en esta oportunidad fue citado por oficio con intervención del Juzgado Criminal Federal Nº12, porque ya se ausentó en tres oportunidades a declarar, con la excusa de que se encuentra involucrado en una causa judicial por el mismo asunto. También fueron convoados Sebastián Clerici, secretario letrado de la Corte Suprema, los contadores Iván Ritvo y Gabriel Martínez y Laura Ambrosio, una afiliada de la obra social.
“Depende de Lijo”, comentó uno de los integrantes de la comisión al ser consultado sobre si finalmente Tonón comparecerá ante la comisión de Juicio Político. El juez Ariel Lijo es quien tiene en sus manos la posibilidad de obligar a este ex funcionario a brindar explicaciones, aunque no hay certezas de que esto suceda. Un testimonio de Tonón genera una expectativa similar a lo que ya motivó el ex administrador Héctor Marchi, quien asistió en dos oportunidades a Diputados, realizó múltiples denuncias y advirtió que fue blanco de amenazas contra su integridad. Identificado con el “ala Lorenzetti”, Marchi acusó al presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti de otorgar contratos para negociar fallos a su favor. También aseguró que fue desplazado de su cargo por negarse a “encubrir” a Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, involucrado en los polémicos chats con el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro.
El interés del oficialismo en el proceso se vio reflejado en las múltiples referencias que realizó el jefe de Gabinete Agustín Rossi al funcionamiento del máximo tribunal durante su exposición ante el Senado. “En 40 años de democracia, entre las peores instituciones que funcionan en la Argentina está la Justicia”, y eso queda demostrado “en cualquier encuesta que muestra los niveles de credibilidad”, sostuvo el santafesino. Según dijo, el Poder Judicial “es un poder que no funciona”, aunque reconoció “buenas intenciones” de muchos jueces y fiscales.
En ese contexto, evaluó que “uno de los desafíos de la democracia va a ser desarmar ese ese sistema de poder faccioso que no tiene legitimidad democrática pero que determina y compromete el funcionamiento de la democracia en la Argentina”.
Acuerdo con Abuelas
La presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau firmó un convenio con la Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, para promover acciones, proyectos y actividades que transmitan conocimientos en materia de derechos humanos y particularmente sobre derecho a la identidad.
Al respecto, Moreau señaló que “es un orgullo avanzar en estos acuerdos con Abuelas, que es tan necesaria e importante para la memoria de nuestro país” y agregó que “un país sin memoria es un país sin futuro”.
Por su parte, Estela de Carlotto expresó que “este convenio es una alegría y viene a formalizar el acompañamiento que venimos teniendo del Congreso” y añadió que “la difusión siempre ha sido muy importante para nuestra búsqueda”.
En ese sentido, manifestó además que “es importante que sigamos trabajando juntos para garantizar la búsqueda de los nietos que faltan”.
