El ex director de la OSPJN, Aldo Tonón, quien renunció a su cargo hace pocas semanas en medio de denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de las prestaciones de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), se ausentó por tercera vez consecutiva a la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y la presidencia del cuerpo ratificó que se requerirá a la Justicia para que se lo haga comparecer con la fuerza pública en una próxima audiencia.
El funcionario judicial cercano al juez supremo Juan Carlos Maqueda, envió una nota en la que justificó su reticencia a declarar alegando que sus intervenciones en el marco de la comisión podrían incriminarlo en la causa penal por la que está siendo investigado en el juzgado de Ariel Lijo.
Tal como se había acordado en la audiencia de la semana pasada, la presidenta del cuerpo, Carolina Gaillard, confirmó que se "se le comunicará al juez la no comparecencia de Tonón y se le pedirá que asista a la comisión con la fuerza pública para la próxima reunión" de la comisión que investiga el presunto mal desempeño a los jueces de la Corte Suprema.
Tonón había presentado la renuncia al cargo desentendiéndose de sus responsabilidades como director de la obra social, al explicar que nunca tuvo capacidad de ejecución de los fondos, en un tiro por elevación a los otros tres magistrados que, cada uno en su momento, presidieron el máximo tribunal (en cuyas manos recae el funcionamiento y supervisión de la prestado médica).
En paralelo a esta nueva entrega del juicio político, el ex administrador general de la Corte Héctor Marchi, cuyo testimonio fue clave la semana pasada en la comisión, prestaba declaración ante el juzgado de Lijo por una causa penal abierta por ese motivo.
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Es por esta razón que el contador cercano a Lorenzetti, recientemente desplazado de su cargo por el voto de los otros tres jueces (según dijo fue una "sanción encubierta" por un informe crítico que él había entregado en el que destapaba una serie de desaguisados en la obra social, cuyo responsabilidad adjudicó a Juan Carlos Maqueda), no se presentó -con previo aviso- a declarar este miércoles como estaba agendado, y volverá a ser convocado como testigo para el martes de la semana próxima.
El vicepresidente de la comisión de Juicio Político, Juan Manuel López (Coalición Cívica), se quejó por la incomparecencia de Marchi e insinuó que el ex administrador general gozó de la complicidad del Frente de Todos para poder ausentarse. "(Marchi) tiene la suerte de que un juez federal (Lijo) le toma declaración a medida el día que tenía que asistir a la comisión de juicio político", sostuvo el opositor.
Según afirmó, Marchi "vino a decir acá algunas cosas que por lo menos son falso testimonio cuando no incriminación de su jefe político (Lorenzetti) y ahora tiene la suerte de que el doctor Lijo, gran amigo del Frente de Todos, le toma declaración a medida", insistió.
"Yo sé que este Juicio Político se está muriendo, pero antes de que se muera preferiría tratar de tomarle testimonial a Marchi", ironizó el diputado de Juntos por el Cambio, en una velada crítica al oficialismo que conduce la comisión.
Tailhade rechazó las acusaciones del titular de la bancada cívica: "No sé de dónde saca el diputado López que (Lijo) es amigo del FdT, un juez que está casado con la presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad puesta por Horacio Rodríguez Larreta".
Además de Tonón, tampoco asistieron pese a haber sido citados como testigos el secretario letrado de la Corte, Sebastián Clerici, y el contador Nicolás Serafini, que firmaba los balances de la obra social.
Pedido de ampliación de la prueba a la AFIP, con la lupa puesta en Robles
Luego de una tensa discusión con Juntos por el cambio, el oficialismo logró imponer su mayoría en la comisión para aprobar una ampliación de prueba que tiene que ver con solicitarle a la AFIP información fiscal sobre MoRo Media, una sociedad integrada por Robles y Natalia Monayer, otra funcionaria de confianza de Rosatti.
"Una de las hipótesis que llevamos adelante es el tráfico de sentencias en la Corte, en el fallo del 2×1, en el de la mal llamada coparticipación y en el del Consejo de la Magistratura", explicó Rodolfo Tailhade, el autor del pedido de ampliación de prueba.
"Necesitamos saber si a través de esa sociedad se han canalizado movimientos de dinero que tengan que ver con este tráfico", justificó, y agregó que es necesario indagar si "se pudo haber entregado dinero a distintas personas que resultaban importantes para el objetivo final que representaban los fallos".
Diputados de Juntos por el Cambio rechazaron a los gritos la medida propuesta por el Frente de Todos, y le salió al cruce Gaillard, quien aclaró que existe una disposición de la AFIP que dispone "una serie de excepciones al levantamiento del secreto fiscal" del organismo recaudador, y "se faculta a la presidenta de esta Cámara de Diputados a requerir este levantamiento".
Por otra parte, se votó la incorporación como testigo (será citada en una futura audiencia) de la jueza federal de San Martín Martina Forns, por el fallecimiento de su marido en plena pandemia, "abandonado por la obra social" judicial.
Las declaraciones testimoniales
El primero en prestar declaración como testigo fue el director de Informática de la Corte, Andrés Sacchi, quien advirtió que la obra social opera con un "software antiguo", lo cual genera "problemas de mantenimiento" y de "vulnerabilidad" de los servidores de red.
"Había poco personal de sistemas en la obra social", reveló el funcionario judicial.
Sacchi reconoció haber recibido el 30 de agosto del 2021 el mail de Maqueda en el que el magistrado anunciaba su alejamiento de la supervisión de la obra social y admitía con lujo de detalle las irregularidades de la prestadora médica.
La subsecretaria administrativa María Bettina Bonuccelli, quien desde diciembre de 2005 trabaja en el despacho de Maqueda, fue la siguiente en declarar ante la comisión.
"Detrás de una queja, un reclamo o un pedido de ayuda había una persona que estaba pasando una situación crítica. No venían casos de gente resfriada, sino que venía gente en estado muy delicado. Lo que tratábamos de hacer era orientarlos. Eran empleados", relató la testigo.
"Habían casos en que la urgencia era tal que había que llamar por teléfono a la obra social, y el llamado telefónico lo hacía yo en algunos casos", indicó.
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"Nosotros desde nuestra vocalía nadie supervisaba (la obra social). Lo máximo que puedo decir es que llevaban los expedientes administrativos y los subsecretarios letrados se los llevaban al doctor Maqueda y al resto de las vocalías", completó.
Por último, contestó preguntas de los miembros de la comisión Valeria Díaz, afiliada de OBPJN y damnificada por las irregularidades.
La empleada judicial señaló que sus problemas con la obra social empezaron cuando a raíz de su deseo de ser madre presentó un pedido para que le autorizaran la fertilización asistida, lo cual fue rechazado por la entidad médica con el pretexto de que "no estaba regulada la donación de gametos" en Argentina.
"Terminamos empapelando todos los alrededores de los tribunales de Justicia denunciando que la obra social no cumplía con la legislación", recordó, y dijo que lo sintió como "algo discriminatorio" por su "condición sexual".
"Después de una nota periodística, a los dos o tres días me dicen que me autorizaban la intervención pero a contrafactura, lo cual me trajo muchas complicaciones", lamentó.
Y acotó que si bien se hacían cargo económicamente de la prestación, la obra social le aclaró que no se hacía responsable de las posibles consecuencias de la inseminación artificial de gametos.
Gaillard anunció que para la audiencia del martes próximo volverán a ser citados Marchi, Clerici y Serafini.
CA/ED
