Cuando asumió Javier Milei todos los funcionarios nuevos se encontraron con distintos niveles de problemas. En Educación, en especial en la Subsecretaría de Políticas Universitarias, surgieron dos visibles: el envío de fondos discrecionales a universidades públicas nacionales sin afectación específica (es decir, sin que se constate el destino, por ejemplo una obra o equipamiento) y el área de estadísticas, virtualmente desmantelada con ausencia de información.
En este marco, y ante la política generalizada de “motosierra”, el Gobierno entró en una pelea con las universidades que tuvo su clímax la semana pasada cuando una masiva marcha pobló el centro de la Ciudad reclamando mayor presupuesto.
Por ello, mañana está previsto que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto al secretario de Educación, Carlos Torrendell se reúnan con Ricardo Gelpi, rector de la UBA. El objetivo: intentar llegar a un acuerdo para que, el martes, haya una buena noticia para el Gobierno cuando se encuentre con los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). A la vez, intentar romper la sociedad Gelpi-Emiliano Yacobitti. Un sueño libertario.
Aunque hay expectativas, está todo dado para que la paritaria docente no se resuelva. De hecho, el propio secretario de Educación ha rezongado contra Milei por la desaparición del Fonid, el Fondo para salario docente. En lo que refiere a gastos de funcionamiento se aceptaría el aumento del 140% en dos tramos. Aunque Yacobitti, vicerrector de la UBA, pide que sea un aumento levemente mayor.
Pero los salarios docentes representan ocho de cada diez pesos. En el CIN ya saben la respuesta: la orden de la Rosada es que estén atados a la paritaria de estatales, quienes recibieron un 8%. Torrendell no atiende a los gremialistas del sector: les tiene pánico.
Además, el secretario de Educación pasa momentos de zozobra. Pettovello le pidió que se haga cargo del tema y, a la vez, le solicitó al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que mantenga un perfil bajo, luego de haber sido el blanco de las críticas de varios rectores. Lo acusan, sobre todo, por sus formas. Hay uno, en particular, que asegura que Álvarez lo vociferó: “chorro, te robaste una universidad”. En LLA lo niegan.
Pero detrás de ello también hay una historia que los rectores no cuentan: $ 1.600 millones que Álvarez cortó de cuajo cuando asumió que correspondían a fondos que les tenía pensado enviar el gobierno anterior. Ese monto corresponde solo a diciembre y, según fuentes oficiales, el 25% aproximadamente iba a parar a la Universidad de Hurlingham, la cuna académica del entonces ministro, Jaime Percyk, donde además fue rector. En total en el oficialismo calculan que se transfirieron unos $ 16 mil millones en 2023 de manera discrecional. Y dicen que faltan rendiciones de cuentas.
Otro dato que apareció: unos $ 400 millones para la Universidad del Delta, que aún no tiene alumnos porque fue creada el año pasado. Una universidad renovadora.
Álvarez es un libertario de alma. Con origen peronista, se le adjudica haber planteado que se iría “hasta la isla de Elba con Javier si es necesario”, en referencia a su incondicionalidad con el Presidente y su buena sintonía con Santiago Caputo, el asesor más cercano a Milei.
Auditorías. En este marco, una de las decisiones que está tomada es avanzar con las investigaciones sobre el patrimonio, las cuentas y el manejo de los fondos de las 55 universidades públicas nacionales.
La idea es no tener que pasar por la Auditoría General de la Nación, lo que obligaría a involucrar al Congreso. La opción es aplicar un convenio firmado en noviembre del año pasado por el gobierno anterior por el cual la Sindicatura de la Nación y las auditorías internas de las universidades trabajarían juntas.
En ese marco comenzará a funcionar un área específica que recolecte la información. Se tratará de una oficina de Sistematización de la Información y Estadística Universitaria. Según calculan en el Gobierno en tres meses podría tener los primeros resultados y en seis meses, ya se podrían mostrar las auditorías de una veintena de universidades que adhirieron al convenio. En LLA dicen que la UBA no aparece aún.
¿Qué ocurrirá con quienes no adhieran? En Educación ya tienen planeado trabajar con la actual ley de acceso a la información y con los consejeros opositores para poder solicitar todo tipo de información.
Además, comenzará a trabajarse con el análisis de licitaciones en conjunto con el portal que tiene Economía para el entrecruzamiento de datos. Otras presuntas irregularidades que se investigan: hay serias sospechas de que se mezclaron bases de datos para que beneficiarios de planes sociales obtengan becas Progresar sin estudiar.
Otro eje de investigación: la cantidad de alumnos. En Educación piensan que hay universidades que tomaron como alumnos a ingresantes, sean regulares o no. Ya solicitaron información para analizar cuántas materias y en qué tiempos. Un alumno reinscripto no es lo mismo que uno regular. El objetivo de inflar la cantidad de estudiantes es obvio: cuantos más alumnos, mayor capacidad de pedir fondos.
