Tras los duros enfrentamientos que se vivieron el lunes pasado en el marco de la sesión por la reforma previsional, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se presentó como querellante en la causa judicial que investiga los incidentes y analiza presentar una acción civil para que "paguen de su bolsillo" las personas identificadas como autoras de los daños.
Así lo confirmó hoy el procurador general de la Ciudad, Gabriel Astarloa. "Nos presentamos como querellantes en la causa que investiga el juez federal Sergio Torres para poder tener un rol activo y proponer medidas de prueba dada la magnitud y la gravedad de los hechos que ocurrieron el lunes en contra del patrimonio de la ciudad", dijo en declaraciones a la agencia Télam.
Además, el funcionario informó que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta también iniciará una demanda civil contra "aquellas personas que estén identificadas para resarcir el perjuicio que cometieron y que paguen de su bolsillo los daños que realizaron a la plaza".
Según el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, la reparación total de los daños causados en la plaza demandará al Gobierno de la Ciudad unos 24 millones de pesos. Ante esto, Astarlo aseguró que "no es justo" que los gastos de reparación "los tengan que costear los vecinos a través de los recursos del presupuesto de la ciudad".
"La decisión es actuar de modo enérgico para desalentar la idea que tienen algunos de que la violencia es un método natural para expresar la disidencia. No se puede confundir la protesta social válida y legítima en una sociedad democrática con actuar con violencia y destruir el patrimonio de la ciudad", aseveró.
"Queremos ser enérgicos y proactivos para que la Justicia prontamente pueda sancionar a los responsables en sede penal y, como querellantes, vamos a colaborar para que esto ocurra de manera rápida y ejemplar", dijo.
