Sobre el final del año parlamentario, el oficialismo sumó ayer un triunfo con la firma en el Senado del dictamen para la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que derriba el requisito de los dos tercios de los votos para la elección del procurador general de la Nación y que propone un plazo máximo de duración de cinco años en su cargo, con la posibilidad de una reelección.
El despacho de comisión corona un plan pergeñado por Cristina Kirchner y el ala más dura del Frente de Todos en el Senado, encabezada en este caso por el neuquino Oscar Parrilli, que otorga prácticamente una sentencia de muerte a la candidatura de Daniel Rafecas, impulsado en marzo pasado por el presidente Alberto Fernández.
“No es un tema que esta gestión de gobierno haya instalado como una necesidad sino que es un tema que viene de arrastre, de errores que se cometieron en la gestión anterior”, arrancó Parrilli su intervención en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside, para justificar el avance del Plan B.
De acuerdo al razonamiento del senador, si no se hubiera llevado adelante la actitud de “persecución” contra Alejandra Gils Carbó, la última procuradora elegida con el aval del Senado, no hubiera sido necesaria ninguna modificación de la normativa.
Lo cierto es que el oficialismo en el Senado, aun con un bloque de 41 senadores, no logró acercarse a los 48 votos necesarios para designar un nuevo procurador porque, según afirman en la oposición, “rompieron todos los puentes, no hay diálogo sinceramente”, admitió un senador radical en diálogo con PERFIL.
Proyecto. El proyecto del oficialismo contempla en primer lugar que el candidato a la Procuración deberá ser elegido con el acuerdo de una mayoría absoluta del Senado, es decir con la mitad más uno de los votos, que suman 37, sin importar la cantidad de legisladores presentes al momento de la decisión. En cambio, se mantiene el requisito de los dos tercios de los votos en el caso de que se pretenda desplazar del cargo al funcionario.
El mandato tendrá una duración de cinco años con la posibilidad de una reelección, siempre que no supere los 75 años y no se podrá realizar en aquellos años donde haya elección presidencial, una propuesta que fue tomada del proyecto de Martín Lousteau.
El recorte del mandato fue sugerido también por la Comisión de Expertos que convocó el Presidente para modernizar la Justicia, aunque hubo bronca por parte de más de 80 fiscales que le hicieron llegar una carta a Parrilli para que no se modifique la mayoría necesaria para el nombramiento.
Precisamente, el texto de Lousteau junto a otros dos de la neuquina Lucila Crexell fueron los que dieron el puntapié inicial para el trabajo de la comisión hace poco más de un mes.
Ante la falta de acuerdo sobre la postulación de Rafecas, que dividió tanto al oficialismo como a la oposición, el kirchnerismo se apropió de tres proyectos elaborados antes de conocerse el nombre de Rafecas y los puso a consideración, aún sin el acuerdo de sus autores que pidieron retirar los textos pero no tuvieron éxito. Sobre el final de la discusión apareció otro proyecto del rionegrino Alberto Weretilneck, que incorpora la mayoría de los temas tenidos en cuenta en el dictamen final.
Las propuestas de Juntos por el Cambio tenían en cuenta la posibilidad de que el mandato deje de ser vitalicio pero en lo que no están dispuestos a ceder es en la legitimidad requerida para la designación del funcionario. En la práctica, en la oposición reconocen que “siempre nos conviene la mayoría simple y en el Senado el peronismo siempre está al borde de los dos tercios. Si no fuera porque Cristina se zarpó, ya los tendría”, grafica otro opositor, que tiene que claro que “el peronismo siempre te puede conseguir los dos tercios”.
Antecedentes. El ex presidente Mauricio Macri vivió el mismo conflicto en carne propia con la postulación de Inés Weinberg de Roca, que tampoco logró pasar el trámite en el Senado y desde la salida de Alejandra Gils Carbó en octubre de 2017, es Eduardo Casal quien ocupa el lugar de manera interina.
Parrilli recordó ese punto y mencionó que el macrismo “apeló a un mecanismo anormal, no conveniente como un procurador interino, sin legitimidad, sin aval del Senado, que ha sido objeto de muchas críticas y acciones de distintos sectores con pedido de juicio político”.
Con el dictamen en la mano, que también incorpora modificaciones similares para el Ministerio Público de la Defensa, Cristina Kirchner ya podrá convocar a una sesión que en principio estaría pautada para el viernes 27 de noviembre, con la intención de que se cumplan los 7 días reglamentarios y permitiría el pase a Diputados, donde se abre otra discusión.
Sin tiempo para tratarlo en sesiones ordinarias, el tema debería incorporarse en la convocatoria de sesiones extraordinarias que realizará el Poder Ejecutivo para los meses de verano, con lo cual quedará en manos de Alberto Fernández la decisión del rápido tratamiento y de Sergio Massa y Máximo Kirchner la negociación para obtener el número final.
