A 48 horas de la quinta Marcha Federal Universitaria, el Gobierno se dedicó a destacar el operativo de seguridad. Un operativo que terminó en una feroz represión a los manifestantes. Mientras que la dirigencia sindical que nuclea a los trabajadores de las casas de estudio renovará contactos con diputados y senadores en pos de garantizar fondos para la educación superior en el Presupuesto 2027.
La jornada terminó con más de 30 detenidos y ocho policías heridos. Y la Comisión Provincial por la Memoria contabilizó al menos 550 personas afectadas por gases lacrimógenos y balas de goma. En la Casa Rosada, ante la consulta de PERFIL, volvieron a destacar las palabras de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuando se refirió a los hechos que se produjeron en las inmediaciones del Congreso. Precisamente, señalaron que el balance fue positivo porque se actuó de manera veloz ante personas que, consideraron, fueron a generar disturbios.
Representantes sindicales y legisladores articularán nuevas medidas
“Son siempre los mismos que van a pudrirla, que buscan generar un caos constante”, justificaron. Y resaltaron que, en general, las repercusiones mediáticas sobre la aplicación del protocolo fueron positivas. “Entendemos desde donde vienen las notas cuando se habla de represión o de infiltrados y demás justificaciones a la violencia”, consideraron fuentes libertarias.
A lo largo del paso de las horas, las expresiones del oficialismo navegaron por esa vía. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Ciro Álvarez, dijo que “los desmanes” estuvieron planificados. “Fue un proceso organizado, esto comenzó con el asalto a la secretaria de Educación del otro día. Agrupaciones de izquierda y las mismas personas pero bajo otros roles”, precisó.
El asesor presidencial Santiago Caputo tampoco perdió oportunidad de hablar de la represión: apuntó contra “los zurdos” y se quejó de que “la única táctica que tienen es infundir terror”.
Torrendel habló de "grupos de tareas"
En tanto, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, fijó la posición del Gobierno al apuntar a “grupos de tareas” por los hechos de violencia durante la represión en la Marcha Universitaria.
“Estos son grupos de tareas, está claro que hay organización, es recurrente, está a la vista. Son organizaciones que se dedican a generar ataques a la democracia por esta vía. Sucede en todo el mundo, pero es recurrente, se los tiene identificados, son los mismos grupos. Entiendo que estarán haciendo esas tareas”, aseguró Torrendell en declaraciones a Radio Mitre.
El funcionario a su vez respondió a las versiones que especulaban con que determinados grupos eran infiltrados. “Me parece que es bastante evidente que el Gobierno, en materia de espacio público, está buscando la paz y la tranquilidad. Cuando uno genera violencia en el espacio público, uno cuestiona la democracia y la república; si no, se estarían manifestando dentro de la ley”, dijo, sin ser demasiado concreto sobre el punto.
Paralelamente, los gremios comenzaron a organizarse. Primero, todos señalaron que la convocatoria fue masiva y que está todo dado para profundizar el conflicto, con nuevas manifestaciones de gran alcance para que se cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Esa es la sensación que hoy está instalada en la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN) y en el Sindicato de Docentes de la UBA (FEDUBA), parte de los colectivos sindicales que estuvieron en la Plaza de los Dos Congresos. Con otro eje: la marcha tuvo sus réplicas en todo el país.
“Hubo una fuerte e histórica réplica en localidades pequeñas, medianas y pueblos rurales donde funcionan sedes, extensiones áulicas o institutos dependientes de las universidades nacionales. Esto demuestra el enorme arraigo territorial y federal del sistema universitario argentino”, remarcó ante este medio Federico Montero, profesor de Política Latinoamericana en la UBA y dirigente nacional de Feduba.
En ese marco, de acuerdo a lo que pudo saber PERFIL, desde la semana próxima distintos representantes sindicales mantendrán encuentros con diputados y senadores opositores. El desafío es que en el Presupuesto 2027 se vean plasmados sus reclamos de mejoras salariales para docentes y no docentes se garanticen los gastos de funcionamiento de las casas de estudio. Una posición que está en línea con ciertos gobernadores dialoguistas, como los radicales, que ya le pidieron al jefe de Gabinete Santilli que se termine el conflicto. Sobre todo, por el impacto que tiene en sus territorios.
