El ex mayor del Ejército Ernesto Barreiro podría tener una “disminución” en la pena, luego de haber aportado datos sobre el enterramiento de desaparecidos en un centro clandestino que funcionó en Córdoba durante la última dictadura.
Lo informó esta mañana el juez Jaime Díaz Gavier, presidente del Tribunal Oral Federal 1, que dirige el megajuicio denominado "La Perla-Campo de la Ribera", en el que está imputado Barreiro junto a otros represores.
Ayer, el exmayor señaló supuestas fosas de enterramiento de desaparecidos dentro del predio del III Cuerpo de Ejército y en la villa Ciudad América, y mencionó los nombres de 25 víctimas que estarían allí.
En conversación con Radio Continental, Díaz Gavier explicó que Barreiro declaró que de las 25 víctimas, "unos 20 desaprecidos fueron ejecutados antes" del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y "los otros cuatros serían posteriores" a esa fecha.
El magistrado aseguró que Barreiro "de ninguna manera aceptó tener ninguna participación" en los delitos, pero al colaborar con la entrega de registros de desaparecidos, "la ley penal prevé la posibilidad de disminuir o atenuar la pena en la medida que el imputado contribuya".
Barreiro, alias "El Nabo", "Gringo" y "Rubio", se desempeñó como jefe de interrogadores del centro clandestino de detención "La Perla", que dependía del Tercer Cuerpo de Ejército, y está acusado de delitos de lesa humanidad tales como secuestros, torturas y homicidios.
En la Semana Santa de 1987 dio pie al levantamiento de los militares "carapintadas" contra el gobierno del entonces presidente Raúl Alfonsín, negándose a comparecer en la Justicia y atrincherándose en dependencias del Tercer Cuerpo, lo que finalmente desembocó en la ley de impunidad conocida como "Obediencia Debida".
Tras estar escondido y protegido por sus camaradas en la Brigada de Infantería Aerotransportada IV, en las afueras de Córdoba, huyó con asistencia de sus pares.
Barreiro continuó con su carrera en el Ejército y en 1989 participó de la campaña electoral del entonces candidato peronista Carlos Menem. En 2004, con el levantamiento de las leyes de impunidad, fue requerido por la Justicia pero en ese momento ya se había fugado a los Estados Unidos. Se radicó en el estado de Virginia junto a su mujer, que había puesto un comercio de productos argentinos. Finalmente, fue detenido y deportado a Argentina para ser enjuiciado.
El juicio empezó el 4 de diciembre de 2012, dos años durante los cuales los jueces Díaz Gavier, Julián Falcucci, José Quiroga Uriburu y Carlos Ochoa escucharon las declaraciones de 428 testigos, entre los que se encuentran sobrevivientes y familiares de víctimas.
