La reacción oficial ante el doble escándalo de Comodoro Py fue institucionalista: reglamentar el Código Procesal Penal, freezado por el macrismo durante tres años y reformulado el 6 de diciembre pasado en Diputados. Así, tras la publicación de ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno buscó dar una imagen propositiva respecto de la agenda judicial. Se trata de un procedimiento que habilitará más poder para los fiscales en el manejo de las causas, en detrimento del que tienen los jueces.
Fue la forma elegante que encontró la Casa Rosada para plantarse frente al hormiguero de Comodoro Py. Porque ese edificio rectangular de Retiro, donde se investigan las causas de corrupción, se convirtió en la base de operaciones, intrigas y facciones. El desbande ya alcanzó a dos figuras de Py: el juez Luis Rodríguez y el fiscal Carlos Stornelli, acusados de haber pedido y recibido coimas millonarias.
Si bien el macrismo apunta a la profundización del Gloriagate, con especial interés en que continúe el desfile de ex funcionarios kirchneristas acusados, al mismo tiempo percibe un riesgo: quedar pegado en el desborde de sus internas.
Carlos Stornelli: "Falta un arrepentido más y él sabe que lo estoy esperando"
“En todas nuestras obras no hubo ningún cuaderno”, se limitó a opinar Mauricio Macri. Lo hizo el viernes en la localidad bonaerense de Dock Sud, durante una recorrida por las obras de la red de desagües cloacales Sistema Riachuelo. Tras ese acto, el Presidente viajó a Chapadmalal con su familia y amigos para festejar su cumpleaños número 60.
“Quiero ver las pruebas. Los dos casos son distintos, aunque ambos son puros de Py. El juez (Rodríguez) es de terror. Y el otro tampoco es santo de mi devoción”, afirmaba ayer un asesor presidencial. “Los dos son extorsionadores”, aseguraba otro consiglieri de Macri.
Aún con autonomía, Rodríguez y Stornelli militan en escuderías enfrentadas. El juez era parte de un sistema que hoy está desorganizado y en diáspora: el que condujo por años el mítico espía Jaime Stiuso. Hasta la pelea de 2014 con Cristina Kirchner, Stiuso mantuvo un statu quo que iba desde la ex SIDE hasta Comodoro Py, pasando por la Casa Rosada.
Ex ministro de Seguridad bonaerense de Daniel Scioli Stornelli es el fiscal de la causa de los cuadernos. Y a su vez es amigo y fue compañero de Daniel Angelici en la comisión directiva de Boca. Pese a esa cercanía, Stornelli jura: el Tano “no se mete conmigo”.
Publicada el jueves por La Nación, la acusación contra Rodríguez circulaba desde hacía algunos días en los pasillos de Comodoro Py. En su carácter de arrepentida, Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, admitió haber pagado una coima de US$ 10 millones al juez. ¿A quiénes se lo confesó? Al fiscal Stornelli y al juez Claudio Bonadio.
La abogada del empresario que denunció a Stornelli: "Amenazaron a su familia"
La denuncia contra Stornelli fue publicada por el periodista Horacio Verbitsky. Según esa versión, el fiscal habría mandado al abogado Marcelo D’Alessio a extorsionar al empresario agropecuario Pedro Etchebest. Le habría pedido US$ 500 mil a cambio de sacarlo de la lista negra del Cuadernogate. La investigación contra el fiscal ya está en manos del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla.
“Es una persona que conozco, pero no me hago cargo de lo que haya dicho”, retrucó ayer Stornelli en Radio Mitre. Desde Cambiemos, Elisa Carrió fue la única dirigente que explicitó su apoyo al fiscal.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, se limitó a celebrar vía Twitter la novedad del Código Procesal Penal. En 2014, el kirchnerismo había aprobado una reforma de espíritu similar. Pero Macri y Garavano desalentaron su aplicación, desde el arranque de ciclo cambiemita. El motivo era la permanencia de Alejandra Gils Carbó como jefa de los fiscales, quienes de golpe iban a sumar poder a costa de los jueces. El Gobierno entonces optó por frenar la reforma por decreto y negociar la paz con los jueces de Comodoro Py.
Con Gils Carbó reemplazada por Eduardo Casal, una figura mucho más amistosa hacia la Casa Rosada, se modificó el panorama. ¿El cambio generará el malestar entre los jueces federales? No todavía: el nuevo método se aplicará por etapas muy progresivas. La primera se concretará en Salta y Jujuy.
