El sistema para el procesamiento y la transmisión de datos para el escrutinio provisorio en las elecciones de Argentina estuvo durante 22 años en manos de la empresa española Indra. La compañía participó este año en la licitación internacional que se realizó para prestar ese servicio, que finalmente se le adjudicó a la venezolana Smartmatic.
En los últimos meses, peritos informáticos y referentes de la oposición cuestionaron a la nueva empresa, advirtieron por las vulnerabilidades de su sistema y denunciaron la posibilidad de una manipulación del resultado que se difundirá el domingo 11 de agosto. ¿Qué cambió desde las elecciones anteriores para que se genere esta polémica?
Hasta las legislativas de 2017 inclusive, Indra aportaba el software para el procesamiento y la transmisión de los datos que se hacía desde los centros de digitalización, para conocer los resultados provisorios de la elección. Es decir, la gente votaba en las escuelas, las autoridades de mesa y los fiscales entregaban a los empleados del Correo los telegramas y esa información era llevada hasta esos centros. Luego se daba a conocer al público.
Ahora, los telegramas se transmitirán desde las escuelas con un scanner, lo que permitirá agilizar el proceso de carga y conocer los resultados más rápido, según prometen las autoridades de la Dirección Nacional Electoral. Como no todas las escuelas tienen buena conectividad, el procedimiento de digitalización y transmisión directa se hará en el 70 por ciento de los establecimientos educativos.
Para ese operativo del recuento provisorio de votos, la empresa Smartmatic aportará personal, el software y participará de la carga de datos. Pero en el proceso podrán intervenir los fiscales de los partidos, que a su vez tendrán que aportar fiscales informáticos.
A cinco días de las PASO, el Frente de Todos pide suspender la transmisión del escrutinio provisorio
¿Por qué la oposición sospecha que puede haber manipulación del recuento?
1. La vulnerabilidad del software
El primer y principal cuestionamiento de la oposición es el software, es decir, el programa que se va a usar para cargar los datos y transmitirlos. Eliseo Zurdo, especialista informático y fiscal informático del Frente de Todos, sostiene que el software tiene 46 vulnerabilidades detectadas, que no se siguieron las “buenas prácticas” para el desarrollo de un software y que no tuvieron tiempo de auditarlo porque hasta este miércoles no lo habían entregado a los apoderados de los partidos..
Hay dos puntos atendibles en este reclamo. La Cámara Nacional Electoral dispone la entrega del software “al menos 30 días antes” de cada jornada electoral. Eso no se cumplió. Menos tiempo, dijo la Cámara, “es a todas luces insuficiente para auditar el software”. Hasta este miércoles 7 de agosto, cuatro días antes de las PASO, no se había concretado la entrega.
El Gobierno sostiene, como contrapartida, que ningún software de estas características se puede terminar con tanta anticipación y que de entregarse tanto tiempo antes podrían exponerlo a un eventual hackeo. Pero la licitación que confeccionó el Correo Argentino estableció un plazo mínimo para la entrega del software a la oposición, de 96 horas antes de la jornada electoral. Si como dice la Cámara Nacional Electoral el tiempo razonable es de al menos “30 días”, el pliego fue mal confeccionado.
El tiempo para que la oposición "audite" el software es insuficiente. El Gobierno dice que entregarlo antes lo expone a hackeos
Qué dicen los especialistas en informática que creen que este nuevo sistema es un avance. “La oposición no objetó la licitación ni tampoco pidió en elecciones anteriores acceder con tanta anticipación al software, que era de las mismas características”, le dijo a PERFIL Leandro Querido, de la ONG Transparencia Electoral. “Ningún sistema es infalible pero para eso existen los controles cruzados”, indica.
Zurdo retruca que comparar este sistema con el anterior tiene como objetivo desviar la discusión. “Si el Estado pagó por un software 18 millones de dólares, tiene que funcionar bien y garantizar la transparencia”, asegura.
2. El proceso de transmisión
El proceso de transmisión desde la escuela, que es la novedad en esta elección, también es cuestionado por distintos especialistas. Se va a escanear el telegrama en formato Tiff, pero el archivo final será PDF (no PNG como se dijo). Los informáticos que critican este proceso aseguran que esa conversión no garantiza la seguridad y que es factible que haya manipulación.
El otro cuestionamiento es que la transmisión se hará con una red inalámbrica, a través de la red de telefonía celular. “Se puede manipular”, asegura Zurdo. Leandro Querido sostiene que para eso están “los controles cruzados”, la información de respaldo en papel, y el control de los fiscales.
Zurdo dijo a PERFIL que cree que ante los hechos consumados, una forma de achicar el margen de error es permitir a los fiscales informáticos de los partidos tener acceso a la imagen original y a la imagen final, que es algo que la justicia electoral ya ordenó que se haga. Es cierto, como sostiene Zurdo, que no todos los partidos tendrán la cantidad suficiente de fiscales informáticos para controlar todo el proceso. También es cierto que si hay una irregularidad en algún momento va a salir a la luz
Para la oposición, la conversión de la imagen digital de una extensión (TIFF) a otra (PDF), abre la puerta a la manipulación. Pero la Justicia autorizó a los fiscales de los partidos a verificar el proceso entero.
3. Escrutinio provisorio y definitivo
El escrutinio provisorio es solo el que los ciudadanos ven horas después de que terminó la elección. En las PASO de las elecciones legislativas de 2017, realizadas por Indra y no por Smartmatic, el kirchnerismo sostuvo que se manipuló la carga para que llegaran primero las mesas con los votos que favorecían al Gobierno. Así, a las 12 de la noche aparecía como ganador Esteban Bullrich y la carga se detuvo cerca de las cuatro de la mañana, cuando Cristina Fernández de Kirchner se acercaba a tener una mínima ventaja, que finalmente se comprobó en el escrutinio definitivo.
La oposición sostiene que el escrutinio provisorio puede instalar una sensación de triunfo irreal. Lo que dice el CIPPEC y lo que también avala la justicia es que el que tiene validez legal es el definitivo, que se hace con las actas del escrutinio en papel, y que lo realiza la justicia sin participación de la empresa privada que es cuestionada por estos motivos. Quizás sea cierto, como dice la oposición, que no debiera haber dudas sobre el escrutinio provisorio porque para eso el Estado paga lo que paga. Pero la posibilidad de fraude electoral, que implica dar vuelta un resultado de manera artificial, no parece estar cerca.
MC/FF