El 24 de marzo de 1976 comenzó uno de los períodos más oscuros de la historia argentina. Las Fuerzas Armadas dieron un nuevo golpe de Estado en la Argentina y derrocaron a María Estela Martínez, presidenta constitucional desde julio de 1974, tras la muerte de su esposo y presidente, Juan Domingo Perón, con quien en 1973 había compartido la fórmula en calidad de vicepresidenta.
Con la detención de Isabel Perón y tras ser trasladada a Neuquén, en el poder se impusieron la Junta de Comandantes integrada por el Teniente Gral. Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio Massera y el Brigadier Gral. Orlando R. Agosti.
Videla fue designado como presidente de facto y dispuso que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea compondrían el futuro gobierno con igual participación como parte del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional". El golpe fue recibido con aceptación, pasividad, indiferencia y hasta naturalidad por amplios sectores de la sociedad –era el sexto que se producía en el siglo– aunque este contó con notables diferencias como ser el reparto tanto del poder como su participación en la represión en partes iguales entre las fuerzas.
La dictadura de 1976 hizo uso de un particular ejercicio de la violencia política: la diseminación del terror en todo el cuerpo social y aplicó un plan atroz que ninguno de los regímenes previos practicó: la desaparición sistemática de personas.
Para desarrollar el modelo represivo, el Estado actuó en forma ilegal y clandestina: dividió el país en zonas operativas para organizar la represión, instalaciones públicas y privadas fueron transformadas en centros clandestinos de detención.
A partir del golpe la dictadura dictó una serie de medidas que consolidaban un estado de excepción que les otorgaba la suma del poder público: disolución de los partidos políticos y sindicatos, prohibición de la actividad política y cesantías en los cargos, entre otras medidas.
"Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las FF.AA. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones", expresaba el Comunicado Nº 1 de la Junta Militar.
Ese mismo día, el Comunicado Nº19 informaba a la población que será "reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo".
Durante el periodo, hubo miles de desaparecidos: la Conadep constató más de 9.000 casos. Los organismos de derechos humanos hablan de más de 30.000. Además del produjo el secuestro de adultos, hubo un plan sistemático de apropiación de niños. Los niños robados o que las madres parían en los centros de detención fueron inscriptos como hijos propios por muchos miembros de la represión, vendidos o abandonados en institutos.
