La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer este martes el calendario de dictado de sentencias para lo que resta del 2018. Serán cuatro fallos, uno en el mes de noviembre y el resto en diciembre, que incluyen algunos temas de alta sensibilidad para el Gobierno: alcance del pago de impuesto a las ganancias en magistrados, aplicación del 2x1 en delitos de lesa humanidad, la ley de lemas de la provincia de Santa Cruz y la definición del índice que debe aplicarse para calcular jubilaciones.
El cronograma fue difundido a través de Centro de Información Judicial (CIJ) tras la reunión de acuerdos que todos los martes realizan los cinco integrantes de la Corte Suprema y estableció que el primer fallo se conocerá el 27 de noviembre. En este caso deberá decidir sobre el recurso presentado por el Estado nacional en contra de una medida cautelar que frena el cobro del Impuesto a las Ganancias a los jueces.
Según trascendió días atrás, en este caso, la Corte no se expedirá acerca de la "cuestión de fondo" (es decir, si los jueces tienen que tributar este impuesto) sino en relación a la medida provisoria que dictó en noviembre del año pasado Esteban Furnari, juez en lo contencioso administrativo, y que fue ratificada después por la Sala V de la Cámara.
El 4 de diciembre se conocerá la sentencia que determinará si corresponde la aplicación del beneficio del 2x1 a represores. En mayo de 2017 la Corte avaló la aplicación de ese cómputo en el expediente de Luis Muiña, pero tras un fuerte rechazo de la sociedad fue revertido por el Congreso, que votó una ley que establece que el beneficio del 2x1 no puede aplicarse a condenados por delitos de lesa humanidad.
El 11 de diciembre se definirá la constitucionalidad de la ley de lemas en la provincia de Santa Cruz que en 2015 permitió el triunfo de Alicia Kirchner. En este caso, el tribunal supremo deberá expedirse acerca de la ampliación de dicha ley a los cargos de gobernador y vicegobernador.
Finalmente el 18 de ese mes se conocerá el resultado de la causa que más inquieta al Gobierno y que definirá la fórmula para calcular las jubilaciones. Este fallo podría beneficiar a unas 150 mil personas y generar un desembolso imprevisto desde las arcas estatales. Se trata del expediente iniciado por el jubilado Lucio Blanco que reclama que el reajuste en su haber se realice con la fórmula vigente antes de la aprobación de la reforma previsional de Cambiemos que implicó un recorte en el cálculo de los haberes.
