La disputa que el Gobierno de Alberto Fernández inició por los terrenos que la administración de Mauricio Macri le cedió al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta continúa. A la medida cautelar presentada ayer por espacios en el Paseo del Bajo, hoy se sumó un pedido judicial para que la Ciudad no pueda rezonificar otras tierras transferidas por el Estado Nacional con el objetivo de venderlas.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) solicitó hoy martes 19 de mayo ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo, habilitar la feria judicial y que se ordene al Gobierno de la Ciudad no alterar la situación de los terrenos traspasados el año pasado por la Nación, “al menos hasta que finalice el proceso de investigación fijado en un decreto firmado por Alberto Fernández” por el cual se están revisando cada una de las cesiones que se hizo durante la administración macrista.
La nueva presentación judicial tiene que ver con el avance del oficialismo porteño para la rezonificación de distintos espacios de la ciudad entre los que se encuentra un sector denominado “Estación Villa Crespo” situado en la Línea del Ferrocarril San Martín a la altura de la intersección con la avenida Corrientes, entre avenida Dorrego y calle Humboldt. El debate en la legislatura porteña para aprobarse la zonificación del predio que permitiría la venta de los terrenos se iba a realizar este jueves, pero fue suspendido.
De acuerdo a la presentación judicial que hizo la AABE a cargo de Martín Cosentino, en noviembre de 2018, la tasación del inmueble se fijaba en $162.420.000. “En caso de aprobarse su rezonificación, el valor aumentaría exponencialmente en un terreno lindante al estadio Movistar Arena”, detallaron desde el organismo. En el texto que llegó a la Justicia dice que existe un “riesgo cierto e inminente de sufrir perjuicios se ve palpable y cierto en cuanto a la clara intención del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de enajenar el inmueble”.
En febrero, el Presidente firmó el decreto N° 149/2020, por el que instruyó a la AABE a “revisar la legalidad de los procesos que derivaron en la disposición, cesión, enajenación, transferencia, desafectación, asignación en uso o dación en pago, de inmuebles del Estado Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019, a fin de que en caso de detectarse vicios que puedan implicar su nulidad así como eventuales hechos o actos ilícitos, se proceda a deslindar las correspondientes responsabilidades administrativas, civiles y/o penales, para lo cual el referido Decreto le otorgó a esta Agencia de Administración deBienes del Estado un plazo no mayor a sesenta (60) días”.
El objetivo del Gobierno Nacional es conocer la “legitimidad” del traspaso de 31 escrituras entre las que se encuentran playas ferroviarias, terrenos en Caballito, Belgrano y Liniers, la concesión de los espacios debajo de dos viaductos, el Mitre y el San Martín, además del convenio Paseo del Bajo en noviembre de 2018 en donde se encuentra este espacio por el que, tal como contó este medio, ayer lunes 18 de mayo se inició la primera acción legal contra la administración de Juntos por el Cambio.
La disputa por la revisión de los terrenos que había comenzado en febrero con el decreto presidencial había quedado congelada por el avance del coronavirus que requirió un trabajo conjunto del gobierno de Alberto Fernández y el de Horacio Rodríguez Larreta junto con el de Axel Kicillof, gobernador bonaerense. Sin embargo, la tregua por los espacios que se transfirieron se terminó ayer con la primera medida cautela.
