POLITICA

Gobierno teme un efecto contagio con más funcionarios procesados

Cristina Kirchner interpreta que las denuncias contra Boudou esconden un ataque hacia su gestión. Reabieron una causa contra Moreno.

Apoyo sin cercanía. La jefa de Estado cortó el diálogo cotidiano con su compañero de fórmula desde que se profundizó el escándalo por la imprenta Ciccone pero ordenó apoyarlo para que sirva como conte
| Cedoc

Cristina Kirchner está convencida de que los problemas judiciales de su vicepresidente, Amado Boudou, son un ataque maquillado contra ella y teme un contagio en Tribunales que alcance a otros integrantes de su gobierno.

Si bien el vice rankea alto entre los funcionarios menos queridos intramuros de gobierno, la jefa de Estado olfatea una especie de efecto dominó judicial de múltiples causas y procesamientos al calor de su adiós a las tablas del poder. Desde lo electoral, correr a Boudou sería una generosa concesión a los presidenciables Daniel Scioli y Florencio Randazzo, un gesto al que por ahora no está dispuesta. Desde que el juez Ariel Lijo le puso fast-forward a la investigación del caso Ciccone, Boudou potenció su condición de paria dentro del oficialismo. Sin una agenda institucional o política muy marcada, el vicepresidente no pudo contar con una red de compromisos que al menos suavizara su caída. Y en cuanto al trato con sus pares, los numerosos rencores que se ganó a lo largo de su ascenso político en tren bala (con Randazzo, Carlos Zannini, Carlos Tomada y Scioli a la cabeza) tampoco lo ayudaron. Al contrario, Boudou está convencido de que algunos de esos “machos del off”, según los describió él mismo, directamente operaron en su contra, tanto en los medios como en la Justicia.

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En medio de su vía crucis, Boudou también perdió el beneficio de la charla íntima y mano a mano con la Presidenta. Un privilegio que en este momento recae sobre Axel Kicillof y Eduardo “Wado” de Pedro.

El único favor que logró mantener el ex ministro de Economía es el apoyo genérico de Cristina Kirchner, sostenido en la certeza de que la actuación de Lijo representa un ataque del poder judicial contra su gobierno, independientemente de las responsabilidades reales de Boudou. Una actitud muy distinta a la que tuvo la Presidenta ante otros funcionarios investigados y sospechados, como Ricardo Jaime, Héctor Capaccioli o Juan Pablo Schiavi, a quienes terminó por echar de su gobierno.

¿Y qué más quiere Amado? Con esa banca le alcanza y sobra”, opina un dirigente de la conducción de La Cámpora. La organización de Máximo Kirchner expresa literalmente la voluntad presidencial y, por lo tanto, es el grupo que más énfasis le pone al blindaje de Boudou en nombre de la defensa de la democracia. Con esa grandilocuencia lo expresó ayer el diputado Andrés “el Cuervo” Larroque, en contraste con los planteos menos épicos del resto de los legisladores y dirigentes del PJ en auxilio de Boudou.

Detrás del discurso anticorporativo de Cristina hacia el Poder Judicial, el miedo concreto del Gobierno es que una salida anticipada del vice sea leída como una señal de debilidad, que a su vez habilite la apertura de causas, citaciones y procesamientos. La Cámara Federal de Casación Penal, por caso, ayer resucitó una investigación contra el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno por la exhibición de carteles y cotillón con frases contrarias al Grupo Clarín.

Como en otros fines de ciclo, el tránsito de salida kirchnerista envalentona a los actores con los que convivió durante más de una década. En especial a aquéllos con los que el vínculo resultó más tenso. Y ése es el proceso que Cristina pretende minimizar al proteger a su segundo: si los jueces no la quieren, que al menos le teman hasta el último día.

Sobre el costo político de sostener a Boudou, el cálculo oficialista es que ya no hay daño que se pueda evitar, aun bajo la hipótesis fantasiosa de que el vice se retire y asuma todas las responsabilidades a título individual. Por el contrario, el vicepresidente y sus asesores preparan un rabioso contraataque, esta vez enfocado contra un show periodístico televisivo en particular.

Hacia dentro del oficialismo ampliado, los principales interesados en que se corra Boudou son los presidenciables que puntean las encuestas de una primaria: Scioli y Randazzo. No casualmente son los candidatos más autónomos del madrinazgo de Cristina Kirchner, y los más desganados a la hora de ensayar una defensa pública de Boudou.

Así, antes que un beneficio político para su gobierno, la ida de Boudou significaría un alivio para los dos postulantes que más difusamente encarnan la continuidad del modelo. Y Cristina, a la fecha, no tiene demasiado interés en hacerles ese favor.

 

Encuesta sobre corrupción

Con la banca política de Cristina Kirchner, a Boudou le sobra margen para mantenerse en su cargo. Pero una encuesta que circuló en una reunión de la conducción del PJ –realizada en la sede de la calle Matheu, pero previa a la del jueves pasado del Consejo Nacional– le dio al vicepresidente un argumento para aferrarse: la corrupción sigue lejos de la inflación y la inseguridad como principales temas de interés social. Según el trabajo de la consultora Analogías que trabaja para el gobierno nacional, hasta la educación supera a la corrupción. El desarrollo del mundial de fútbol, por otro lado, también colabora en apagar la repercusión del caso Ciccone.

Según otra encuesta de la misma consultora dirigida por Analía del Franco, Daniel Scioli lidera la lista de los presidenciables con 29 puntos, pero la novedad no difundida fue la casi paridad entre el gobernador y Florencio Randazzo en un escenario de PASO. Mala noticia para Boudou, esta vez: son los dos candidatos que lo defienden con menos entusiasmo.