"Uno entra en un equipo en el rol que le piden. Mi formación, a lo largo de mucho tiempo, me había dado la experiencia como para manejar una situación de conflicto". Con esa frase, Juan José Gómez Centurión explicaba su desembarco como Director Ejecutivo en la Agencia Gubernamental de Control, cargo que ocupó antes hacerse cargo de la Aduana.
En un cargo caliente. Su paso por la AGC le valió varias denuncias: uno de los hechos clave fue el incendio del depósito de la empresa Iron Mountain en el barrio porteño de Barracas, donde murieron ocho bomberos y dos rescatistas. El fuego arrasó con archivos del banco HSBC, entidad originada en Hong Kong y Shanghai e investigada por lavado de dinero.
El padre del bombero de Policía Federal Juan Matías Monticelli, una de las personas que murieron aplastadas por una pared mientras combatían el incendio del depósito, denunció amenazas por parte del funcionario porteño que debía controlar a la empresa siniestrada.
Un año y medio después del siniestro, Gómez Centurión se hizo presente en la comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura, pero sus respuestas no conformaron: "En particular, Centurión no respondió a nuestra pregunta respecto de por qué, si Defensa Civil rechazó en seis oportunidades y durante cinco años el plan de evaluación contra incendios presentado por la empresa, Iron Mountain siguió habilitada”, manifestó el legislador Marcelo Ramal.
En mayo del año pasado, el macrismo logró bloquear una sesión especial de la Legislatura, convocada por diputados de la oposición, donde solicitaban que funcionarios porteños –entre ellos Gómez Centurión– sean interpelados por el incendio en un taller clandestino del barrio de Flores el 27 de abril. donde murieron Rodrigo y Rolando, de 7 y 10 años. Esa vez, el gobierno porteño lo ayudó y el responsable de la Agencia Gubernamental de Control no necesitó acudir al recinto para responder sobre presuntas responsabilidades.
Otro denuncia fue presentada por el legislador Gustavo Vera por la renovación de la habilitación de un bar, local bailable clase C, denunciado por proxenetismo, trata de personas y narcotráfico desde el año 2012. Al listado se suma una denuncia que le realizó el abogado Maximiliano Rusconi por falso testimonio, violación de correspondencia, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento. El caso recayó por sorteo en el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi.
Pese a todo, ninguna de esas denuncias pudo provocar que el Gobierno le suelte la mano a Gómez Centurión. Hasta hoy, cuando una denuncia impulsada por el Ministerio de Seguridad lo alejó de su cargo.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, informó que dio curso a la denuncia penal contra el desplazado jefe de la Aduana por presuntos hechos de corrupción y subfacturación tras una serie de audios que recibió en su cartera. Además, reveló que entre los involucrados figurarían también un cuñado del ex ministro de Planificación kirchnerista Julio De Vido y una jueza.
"Lo consulté con el Presidente (Mauricio Macri) y él me dio instrucciones de dejarlo en manos de la Justicia", afirmó a DyN la funcionaria.
