Una de las denuncias sobre Juan Grabois, líder del Movimiento de los Trabajadores Excluidos, por sus dichos sobre las personas dispuestas a “dejar la sangre para que no siga existiendo hambre en la Argentina” quedó sin efecto por decisión del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 a cargo de Daniel Rafecas. El magistrado dispuso el sobreseimiento definitivo del dirigente en la causa impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli.
La acusación se originó por declaraciones que realizó el dirigente social en el Puente Pueyrredón en el marco de un plan de lucha por el Salario Básico Universal. En ese marco, expresó que “acá hay algunos gauchos y algunas gauchas que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre para que no siga habiendo hambre en la Argentina”.
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A partir de ese momento, desde Stornelli hasta Juan Ricardo Mussa, pasando por Santiago Cúneo, Alberto Emilio Assef, Daniel Sarwer, Santiago Dupuy de Lome, Fernando Miguez, Fernando Gabriel Zarabozo realizaron presentaciones que, desde el lado de Grabois, calificaron de “irrisorias” al utilizar figuras penales como intimidación pública, asociación ilícita, amenazas coactivas y apología del delito.
Incluso, mencionaron que existió una coordinación entre todos los denunciantes para intentar estratégicamente el avance de alguna investigación. “Una clara maniobra de fórum shopping -práctica prohibida por el derecho penal- que busca que alguno de los juzgados sorteados, por motivaciones políticas, les diera relevancia a las denuncias e impulsara una causa que no tiene sustento jurídico”, precisaron sobre las denuncias que se dieron.
La palabra de la defensa de Grabois
Sobre la causa, la defensa de Grabois sostuvo que “no sorprende que el fiscal Stornelli haya intentado impulsar esta puesta en escena circense siendo que ha encabezado la inmensa mayoría de las investigaciones de las causas conocidas del lawfare y que, incluso -y de modo francamente insólito- continúa en su rol como fiscal pese a haber sido denunciado por ello y no haberse presentado ante los estrados judiciales para que se investigara su actuación” y cuestionaron la utilización de recursos públicos para dar curso a este tipo de denuncias sin sentido, “recursos que debieran destinarse a gestionar la conflictividad criminal del conjunto de la sociedad, una enorme deuda de la democracia”.
Acerca de la decisión de Rafecas, el letrado del referente indicó que el proceso sigue cerca del riesgo constitucional “dado que la apelación del sobreseimiento realizada por el mismo fiscal acusado de parcialidad, puede lograr un destino adverso en la sede revisora del fallo. Es verdad que, en caso de pretender un fallo fundado en derecho, el esfuerzo de la Cámara revisora para revertir la orden de sobreseimiento y archivo, deberá ser muy importante”.
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Las declaraciones de Grabois en el Puente Pueyrredón se habían dado en el contexto de un plan de lucha por el Salario Básico Universal que duró varios meses y tuvo como resultado la política de refuerzo de ingresos de 45 mil pesos para más de 1 millón de personas bajo la línea de indigencia. Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos analizan que el objetivo de esta persecución es avanzar sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, como se vio en el mes de diciembre cuando quisieron judicializar la política social criminalizando a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y dejándolos injustamente sin su salario.
cp
