La jueza de garantías que interviene en la causa donde se investiga el hackeo al celular de Marcelo D'Alessandro dijo que hasta el momento no se encontraron evidencias de una vinculación política. Fue luego de que uno de los cinco sospechosos confesara en su indagatoria haber sido quien ejecutó el SIM SWAP para acceder a la información personal del ex ministro de Seguridad porteño.
María Araceli Martínez, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°29 de la ciudad de Buenos Aires, fue consultada por PERFIL acerca de si en el expediente surgieron pruebas que presuman una intervención política del hackeo. "No, está en etapa de investigación, pero no lo he visto", dijo.
La consulta fue a partir de que trascendió que Antonio Aquino, uno de los investigados, se movía en una moto Yamaha que está a nombre de Héctor Daniel Irala, quien sería empleado del Gobierno de Misiones y agente de Club San Jorge. "No es empleado del Ministerio de Desarrollo ni nunca lo fue. Él es el dueño de la moto que usa Aquino y gerente del Club San Jorge hace 30 años", dijo a este medio Julio Escobar, uno de los sospechosos indagado este lunes en Buenos Aires.
La jueza, en tanto, afirmó: "(A D'Alessandro) no le robaron el teléfono, obtuvieron sus datos personales, llamaron a la empresa e hicieron el procedimiento por el cual pudieron acceder a la información. Es un hecho muy grave, creo que todos los argentinos estamos en peligro porque nuestra intimidad está protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional y nadie tiene derecho a acceder a nuestra información privada".
Las pruebas contra Nuñes Pinheiro
La magistrada porteña aclaró que forma parte de la causa como jueza de Garantías y que la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la ciudad, Daniela Dupuy, es quien está al frente de la investigación.
"Ella tiene todos los elementos intelectuales y materiales como para poder investigar este tipo de delitos. Inició la investigación a partir de la denuncia que hizo D'Alessandro, pero no sólo hackearon su teléfono, sino el de otras personas", manifestó.
En esa línea, Martínez dijo que fue quien ordenó los allanamientos que ocurrieron la semana pasada en Eldorado, Misiones. Uno de ellos en la casa de Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, el joven de 22 años que ayer confesó haber hackeado el teléfono del ex funcionario porteño. "Ordené allanar de acuerdo a las pruebas que surgieron en la causa. Había uno de los imputados sobre el que realmente había muchas pruebas que demostraban que podía ser el presunto autor de los hechos", sostuvo la magistrada.
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Entre ese material al que accedió la Justicia hay una decena de perfiles falsos de la plataforma Nosis y al menos uno de ellos tendría su nombre real en el usuario. A partir de esas cuentas Nuñes Pinheiro habría logrado acceder a la información de D'Alessandro necesaria para responder la trivia de preguntas que solicitó la empresa telefónica al momento para registrar los datos del funcionario en el nuevo chip.
"Había distintas pruebas, de acuerdo a eso era el que estaba más comprometido. Estaba vinculado a un teléfono a su nombre, correos electrónicos, el llamado que hizo a Nosis para obtener los datos personales del señor D'Alessandro", repasó la jueza.
Y añadió: "Soy muy respetuosa de las garantías constitucionales. Si libré un allanamiento es porque contábamos con las pruebas como para hacerlo. No quise secuestrar las máquinas (NdR: de los comercios allanados) para no perjudicar la actividad comercial".
Qué pasará con los imputados
Además de Nuñes Pinheiro, en el expediente aparecen investigados su padre Elías, los comerciantes Cecilia Mercado y Julio Escobar, y Antonio Aquino. Este último, y el joven de 22 años que confesó su autoría, eran empleados de los locales de informática que tiene la pareja conformada por Mercado y Escobar.
Todos ellos se presentaron a declarar este lunes 27 de marzo ante la fiscal Dupuy. "Quien investiga e intima los hechos es la señora fiscal. No creo que pida prisión preventiva pero no lo descarto, no se si (Nuñes Pinheiro) tiene antecedentes", dijo la jueza respecto al principal implicado.
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Consultada sobre cómo impacta la confesión de este en la situación procesal del resto de las personas indagadas, la jueza sostuvo que "sobre esas cuatro personas yo no encontré pruebas que los involucraran directamente con los hechos, pero eso está en etapa de investigación".
Insistió con que hay en desarrollo un estudio de la copia forense de los equipos informáticos "y a partir de esa investigación pueden surgir pruebas de cargo o no, o puede pasar que puede ser amigo de alguien que tiene la computadora, hackea teléfonos y usted no lo sabe".
En el cierre, la magistrada le dijo a este medio que la investigación "pone de manifiesto que nuestro sistema es muy endeble, porque cualquiera puede acceder a nuestra información". Y completó: "Nadie tiene derecho a desnudar la intimidad de una persona en los medios, para mi eso es execrable".
Vale recordar que la maniobra no sólo incluyó al teléfono de D'Alessandro, eyectado del Gobierno porteño. También fue hackeado el diputado nacional Diego Santilli y dos de los jueces del Tribunal Oral Federal que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la Causa Vialidad, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, entre otras personas.
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