La Justicia ordenó el allanamiento en cuatro domicilios de la localidad de Eldorado, Misiones, en el marco de la causa por presunto espionaje y robo de identidad al ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, que se encuentra en uso de licencia. La investigación también incluye el hackeo a los teléfonos del diputado Diego Santilli y cuatro jueces, dos de los cuales que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
La decisión fue tomada por la Dra. Daniela Dupuy, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDYCI). Los procedimientos fueron avalados por la Justicia misionera, en los que se permitió requisar cuatro domicilios relacionados a cinco sospechosos de haber robado la línea telefónica y haber manipulado chats que el funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habría mantenido a través de Telegram.
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Durante los operativos también se secuestren dispositivos de almacenamiento informático, documentación y anotaciones que podrían estar vinculadas a la maniobra investigada y fueron consideradas de importancia. Los sospechosos son de nacionalidad paraguaya y están acusados de "daño agravado, violación de secretos y de la privacidad, difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas y suplantación digital de la identidad".
Luego de que se difundiera el presunto contenido de los mensajes de D'alessandro, que en las próximas horas podría ser reemplazado por Eugenio Burzaco, la fiscal Dupuy determinó que los hackers estaban en Misiones y activaron chips en Eldorado.
Además del funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, también se habrían visto afectados los dispositivos de Santilli, ex vicejefe de Gobierno porteño, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso -de la causa Vialidad- y los magistrados Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.
Tras la filtración de los chats, se conoció la presunta creación de un grupo que habría sido creado con el objetivo de ocultar y crear pruebas falsas sobre un viaje a Bariloche, al cual habrían asistido D'alessandro, jueces, dos empresarios del Grupo Clarín y hombres de inteligencia. También un supuesto negociado ilegal con Marcelo Violante, empresario a cargo de las grúas en territorio porteño.
Según un informe confeccionado por la Policía Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, D'alessandro habría sido víctima de una técnica conocida como intercambio de SIM o SIM swapping, que consiste en duplicar la tarjeta SIM de un teléfono. Esta memoria almacena el código de acceso de cliente y el número de teléfono de la compañía telefónica, por lo que se puede tomar control de una línea desde otro dispositivo.
El peligro del intercambio de tarjetas SIM es que no se necesita acceso físico al dispositivo móvil para clonar la tarjeta.
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El documento indica que ésto puede llevarse a cabo tras hacer un trámite ante la empresa prestadora del servicio por robo o pérdida del equipo. Así, se necesita información íntima de la víctima, como su domicilio y documento nacional de identidad, que puede obtenerse en bases de datos públicos, y una vez en control de la línea, descargar las aplicaciones que utiliza la persona hackeada.
La Fiscalía Especializada en delitos informáticos pidió la autorización de los allanamientos ante la jueza María Araceli Martínez para que el Juez con competencia en lo Penal en la mencionada localidad misionera habilitara los procedimientos. Ahora, se esperan los resultados de los materiales obtenidos para analizar nuevas pruebas.
