Mientras en el terreno político se define si el ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro concluirá su licencia y volverá al cargo o será reemplazado por otro funcionario, en la Justicia avanza la causa que investiga el hackeo a su teléfono celular, que lo llevó a tomar distancia de la gestión hace dos meses y medio. Esta semana, la fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la investigación, ordenó una serie de allanamientos en Misiones, donde hay cinco sospechosos.
Uno de ellos se llama Julio César Escobar y vive en la localidad fronteriza de Eldorado, el lugar en el que se vendió el chip a través del cual se hizo el SIM-SWAP que posibilitó el acceso a los contactos frecuentes, conversaciones y fotos del funcionario. "Nunca pensé pasar por esto, soy una persona enchapada a la antigua (sic), apenas se prender una computadora y hoy me veo envuelto con mi esposa en esto", le dijo a PERFIL.
La mención a su pareja es porque ella también aparece en la lista de las cinco personas sospechosas. Se llama Cecilia Mercado y ambos comparten la propiedad de dos de los tres locales de informática y reparación de celulares que están en la mira y fueron allanados. "Sólo JyC y Mobileshop", aseguró Escobar.
"De mi local no se llevaron absolutamente nada y consta en el acta. Y del local de mi señora copiaron la info (sic) de la computadora", contó al ser consultado sobre los operativos llevados a cabo este martes 22 de marzo por orden de la Fiscalía Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDYCI) y un aval de la Justicia provincial. "Los allanamientos se extendieron hasta las 4 de la mañana", agregó Escobar.
Los operativos se hicieron luego de varias semanas de investigación para establecer quién o quienes estuvieron atrás de la maniobra informática mediante la cual se logró el acceso a la información de D'Alessandro, del diputado nacional Diego Santilli y de dos de los jueces del Tribunal que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la Causa Vialidad, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, entre otros.
Piden la declaración de los sospechosos
Tras los allanamientos, la Justicia ordenó que se los convoque a declarar a los cinco sospechosos. Además de Escobar y su pareja Mercado, son Antonio Aquino, empleado de Escobar; Elías Nuñes Pinheiro, y su hijo, Elías Ezequiel.
Este último "trabajó un tiempo en mi local", según dijo Escobar ante la consulta de este medio.
"Nos dieron fecha para declarar mañana a las 11 en Buenos Aires. Nunca hice un viaje tan largo y nunca en mi vida fui a Buenos Aires. La primera que voy paro en Tribunales. Queremos ver si nos pueden tomar la declaración acá nomás porque no llegamos con los tiempos", indicó.
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Sobre él y el resto de los sospechosos pesa una acusación por delitos de daño agravado, violación de secretos y de la privacidad, difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas y suplantación digital de la identidad. Con la indagatoria, la fiscal busca determinar si efectivamente estuvieron involucrados en el hecho.
Al respecto, Escobar dijo: "Por el momento no tengo mucho para decir. Hace 15 años tengo el local y nunca pensé en pasar por esto. Soy un comerciante, sólo le damos trabajo a muchas personas, pero no podemos saber qué hace cada uno con su vida privada".
Y agregó: "No es agradable el momento".
El hackeo a Marcelo D'Alessandro
Por estas horas, la Justicia espera el resultado de los peritajes informáticos que se le practicarán a los elementos secuestrados durante los allanamientos.
El hackeo bajo investigación impactó de lleno en la política. Además de la licencia de D'Alessandro del Ministerio de Seguridad porteño, que según trascendió terminaría con el funcionario eyectado del cargo y reemplazado por Eugenio Burzaco, fue el detonante del juicio político a los miembros de la Corte Suprema, empujado por el presidente Alberto Fernández.
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Ello porque se filtraron los chats que habría mantenido D'Alessandro con jueces, fiscales y empresarios de medios con los que compartió un viaje a Lago Escondido en octubre pasado, y también con el director de la vocalía del supremo Horacio Rosatti, Silvio Robles.
Una vez que se realicen las indagatorias y se analice el material secuestrado se espera que la fiscal Dupuy resuelva si corresponde avanzar en el proceso contra los sospechosos o si descarta la participación de uno o varios de ellos.
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