El Senado aprobó esta noche el 82 por ciento móvil para las jubilaciones mínimas, poniendo al oficialismo en el complejo trance de pagar el costo político del veto de la presidenta Cristina Fernández, o enfrentar una erogación que calificó durante el debate como "impagable".
La votación se realizó en nervioso cruce de acusaciones y terminó igualada en 35, poniendo nuevamente (como en la noche de la resolución 125) al vicepresidente Julio Cobos en la obligación de desempatar. Y tal como ya había anticipado en los medios, Cobos votó a favor del 82%, lo que le valdrá seguramente en las próximas horas una nueva andanada de críticas y acusaciones desde el Gobierno.
Para agregar tensión a la escena, el tablero de computos se descompuso a la hora de votar, por lo que el secretario parlamentario debió apelar al conteo nominal, preguntando a cada senador el sentido de su voto. Cobos pidió "dos minutos" para fundamentar su posición, y explicó que ya hay numerosos sectores que cobran el 82% y que el nuevo proyecto representaba "una cuestión de estricta igualdad social".
La extrema paridad se produjo durante una sesión que demandó 10 horas y la participación de cuarenta oradores, y sólo registró la ausencia de Carlos Menen y del radical de Catamarca Oscar Castillo. Votaron a favor del texto remitido por la cámara de Diputados, 15 legisladores de la UCR, 7 del peronismo disidente, uno del Frente para la Victoria (Marcelo Guinle, de Chubut) y 12 de otros bloques, mientras se exprearon en contra 29 oficialistas, 1 del peronismo federal y cinco de otras bancadas.
El empate sucedió mientras el vicepresidente anticipaba que había problemas con el tablero electrónico del control de votos, por lo que debió realizarse una votación nominal, de manera que los 70 legisladores presentes anunciaron su sufragio de viva voz y bajo la mirada de todos.
Los legisladores evitaron una segunda ronda de sufragios, como expresaba el reglamento para los casos de empate, por lo que cedieron la palabra a Cobos, quein dijo que como había ya anticipado a los medios, daba su adhesión al texto llegado desde la cámara baja.
En su discurso final, el presidente de bloque de senadores oficialistas Miguel Angel Pichetto había pedido "responsabilidad" a Cobos, casi con el mismo dramatismo de aquella madrugada del 17 de julio de 2008. "El vicepresidente tiene que estar al lado del Presidente, porque ha sido elegido en la misma fórmula. Vale la pena recordarlo esta noche porque puede volver a repetirse el mismo escenario que la (resolución) 125", le dijo Pichetto a Cobos.
La sesión se inició a las 14 con la sorpresiva aparición de legisladores kirchneristas que ocuparon las bancas, cuando sólo 23 opositores estaban en sus escaños. Con anterioridad, una de las máximas autoridades de la bancada había definido la estrategia de esperar que la oposición conformara el quórum y después llegar al recinto. Sin embargo, antes de que se cumpliera la media hora de espera, el bloque oficial, que se encontraba reunido en el despacho del titular de la bancada, Miguel Pichetto, bajó en conjunto y llevó el tablero electrónico de 23 a 56.
Las versiones sobre las razones de concurrir al recinto, antes que el arco anti-K llegara a la mayoría, fueron varias y contradictorias: unas apuntaban que el oficialismo confiaba en tener número para rechazar el proyecto, otros dijeron que desde la Casa Rosada dijeron que fueran a dar un debate fuerte y digno.
Algunas esperanzas de que panorama se aclarara con la participación de varios senadores que se habían manifestados ambiguos, quedaron defraudadas. El oficialista misionero Luis Viana, que figuraba en la lista de indefinido, dijo que no apoyaba la propuesta de Diputados, pero no dijo qué haría a la hora de votar. Finalmente lo hizo aliado con el Gobierno.
En las primeras cuatro horas de sesión expusieron una veintena de parlamentarios, de los cuales 14 lo hicieron a favor de la aprobación y 6, en contra, aunque ese número no representaba ni la mitad de los inscriptos en la lista de oradores, que totalizaban 45, pero varios que no figuraban en la nómina tomaron la palabra y dejaron sus opiniones.
Los partidarios del proyecto insistieron en "la restitución de la justicia" que significaría reconocer el 82 por ciento a los jubilados que cobran los ingresos mínimos, un dato con el que coincidieron los oficialistas, que sin embargo insistieron en los problemas fiscales que representaría para el Estado una decisión de este tipo.
