“La criminalización del aborto no impide la interrupción de embarazos no deseados. En cambio, obliga a las personas gestantes a intentar obtener abortos por fuera del ámbito de la regulación estatal, muchos de los cuales se practican de manera insegura”. Así de contundente comienza el informe que, este lunes 31, la organización Human Rights Watch (HRW) presentó un informe sobre el costo humano de las barreras al aborto legal en Argentina.
La presentación, a cargo del director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, del trabajo firmado por Sabrina Cartabia, Paula Ini y Sonia Ariza Navarrete, se dirigió directamente a un pedido “urgente” al gobierno nacional: “La discusión del aborto no es teórica, tiene que ver directamente con el goce de los derechos fundamentales de las mujeres. En países donde el aborto se encuentra fuertemente restringido, como en Argentina, la tasa de aborto es mayor que en aquellos donde está permitido”, señalaron.
Según las estadísticas oficiales más recientes, 39.025 mujeres y niñas ingresaron en hospitales por complicaciones de salud relacionadas con abortos en 2016. El 16 % tenían entre 10 y 19 años. “Es muy probable que esta sea apenas una fracción del número total de personas gestantes cuya salud se ve afectada a consecuencia de abortos ilegales, dado que la estigmatización y el temor a la persecución penal suelen disuadir a las mujeres con complicaciones de acudir al sistema de salud”, explica el trabajo.
Organizan marcha en redes sociales por el aborto legal
Los abortos inseguros pueden causar problemas de salud a corto y largo plazo, e incluso la muerte. En 2018, el Ministerio de Salud de la Nación reportó 35 muertes causadas por abortos, las cuales representan 13 % de las muertes maternas. Muchas de estas muertes podrían evitarse.
“Estamos observando que se ha vuelto a usar el perejil. Es barato, fácil de conseguir y duele menos que otros métodos inseguros, como sondas, agujas de tejer y perchas”, dijo una activista a HRW. El informe completo tiene también testimonios de mujeres que se practicaron abortos ilegales en distintos ámbitos y de distintas edades.
El proyecto de ley impulsado por el gobierno nacional -una de las promesas de campaña de Alberto Fernández- está frenado: "El proyecto va a ir al Congreso y voy a hacer todo lo posible para que se convierta en ley", afirmó el presidente hace un mes en declaraciones periodísticas. "Estoy tratando de encontrar el momento para hacerlo. Créanme que lo voy a hacer".
“Argentina debe despenalizar el aborto en todas las circunstancias y regularlo de un modo que respete plenamente la autonomía de las personas gestantes”, señaló Human Rights Watch. “También tiene que asegurar que las mujeres, niñas y personas gestantes tengan acceso al aborto legal conforme a la legislación vigente y que los trabajadores de la salud no puedan invocar la objeción de conciencia para negarse a practicar abortos en el sistema público si ello genera dificultades o demoras para acceder a los servicios de aborto legal”, agregó el trabajo.
Dos años sin ley de aborto y con poco misoprostol
En pandemia
Human Rights Watch entrevistó a 30 personas entre noviembre y diciembre de 2019, incluyendo mujeres y niñas que habían intentado acceder al aborto en los sistemas de salud público y privado, profesionales de la salud, abogadas y activistas que acompañan a quienes procuran acceder a abortos, en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.
Además, la ONG pidió información al gobierno argentino y analizó leyes y políticas, informes de organismos de las Naciones Unidas y de otras organizaciones, datos oficiales sobre salud y estudios en salud pública, además de publicaciones médicas y periodísticas.
A su vez, el confinamiento dispuesto para evitar la propagación de Covid-19 "ha hecho más difícil obtener servicios de salud reproductiva. La necesidad de visitar múltiples centros de salud y viajar, a veces durante horas, para acceder a servicios de aborto también multiplica el riesgo de contagio", analizó el estudio.
CP
