Antes de la llegada del proyecto de Presupuesto 2023 a Diputados, el oficialismo apuesta a solucionar algunas cuestiones pendientes que podrían facilitar el debate posterior.
Tal es el caso de la prórroga de impuestos que encaró durante la semana y que logró dictamen sin demasiados altibajos. Con la mira puesta en la recaudación del próximo año, el Frente de Todos promovió la prórroga por cinco años de algunos tributos clave como Ganancias, Bienes Personales e Impuesto al Cheque, además de cuestiones ligadas al Monotributo.
En las discusiones previas, la oposición reconoció la necesidad del Gobierno de seguir contando con dichas herramientas de recaudación aunque presentó dictamen propio con menores alícuotas y plazos, en línea con la propuesta que viene pregonando Juntos por el Cambio de aliviar la carga impositiva para los contribuyentes.
“La mayoría de estos impuestos son recursos coparticipables, que forman parte de los pilares de la recaudación y de los sistemas tributarios y que además están formando parte de los supuestos de los recursos tributarios para el 2023”, dijo Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos y encargada de defender la iniciativa del Ejecutivo en la Comisión de Presupuesto.
Uno de los argumentos del Frente de Todos fue que la última prórroga había sido realizada en 2017, en pleno gobierno de Cambiemos, como prueba de la necesidad de cualquier administración de contar con las herramientas de recaudación para sostener el aparato estatal.
Otro de los temas que se podría destrabar a partir del jueves es la situación de los tenedores de créditos UVA, que se viene postergando desde hace varias semanas. La expectativa estará puesta en los invitados, ya que finalmente asistirán representantes de las entidades bancarias, quienes ya se anticipan como perdedores de cualquier refinanciación o reconocimiento para quienes pidieron un préstamo cuando la inflación se encontraba relativamente bajo control. La incógnita de la semana en todo caso será la convocatoria para sacar dictamen en torno a la ley del agro, que concita el interés tanto del Gobierno como del campo ante el otorgamiento de incentivos a la producción.
