El fiscal federal Carlos Stornelli pidió este martes que se abra la investigación penal a partir de la denuncia presentada por la agrupación La Alameda, por los supuestos aportantes truchos de la campaña de Cambiemos. El hecho se conoció hace quince días, tras un informe del periodista Juan Amorín, en El Destape, que mostró cómo más de 400 personas figuraban como aportantes de la última campaña del oficialismo en territorio bonaerense, sin saberlo.
Stornelli orientó la investigación al tesorero y los responsables financieros de la campaña. En tanto que el juez a cargo de la causa, Sebastián Casanello, ordenó varias medidas de prueba sobre el tema. En la justicia federal también tramita una segunda causa por el tema, que comenzó de oficio el fiscal con competencia electoral, Jorge Di Lello.
La denuncia de La Alameda fue presentada hace dos semanas, tras la difusión del programa, y apuntó a los legisladores Gladys González, Esteban Bullrich, Graciela Ocaña, y Héctor “Toty” Flores, que fueron los candidatos a diputados provinciales de Cambiemos en 2017. En tanto que, en su presentación de este martes, Stornelli apuntó la investigación al tesorero y a los responsables económicos financieros de la campaña y mencionó a Carla Chabán y Alfredo Irigoin.
Por su parte, Di Lello la última semana pidió datos a Gendarmería, Renaper y ANSES, entre otros organismos para que constate las condiciones socio económicas de las personas afectadas, las cuáles pertenecen a barrios humildes del sur del conurbano bonaerense.
De acuerdo a fuentes judiciales consignadas por el portal Minuto Uno, la Cámara Nacional Electoral le envió un informe al fiscal Di Lello que confirmaría que, de una muestra de unos cien nombres tomada al azar entre todos los supuestos falsos aportantes a la campaña en la provincia de Buenos Aires que fueron detectados, el 99 por ciento también figuran como afiliados al PRO.
El informe sostuvo que Cambiemos “utilizó el nombre de beneficiarios sociales para blanquear dinero en la campaña". Allí se habló, primero, de que al menos a 205 personas que reciben planes sociales, como “Ellas Hacen” o “Argentina Trabaja”, junto con personas que estarían por debajo de la línea de la pobreza, fueron hechos figurar como que financiaron la campaña oficialista. El número se amplió luego a casi quinientos.
La publicación mencionó que los aportes sospechados son por montos bajos, de 300 a 1500 pesos, y corresponden a aportantes de las zonas sur y oeste del conurbano bonaerense.
