La organización internacional Interpol y dos ex funcionarios de la red de policías con sede en Lyon son la clave para el futuro del juicio por el memorándum con Irán, confirmaron fuentes judiciales a PERFIL. Tanto las defensas de los funcionarios acusados como la fiscalía acusadora en el futuro juicio oral y público coinciden en la importancia de las declaraciones de Ronald Noble y Jöel Sollier, quienes se desempeñaban como secretario general y consejero jurídico de Interpol durante la firma del acuerdo bilateral. Así consta en los escritos a los que accedió este medio. Ninguno de ellos declaró formalmente durante la instrucción de la causa.
Además de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y el número dos del Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena, están entre los acusados de este juicio, sin fecha de inicio, hasta el momento. Cristina y su gobierno siempre sostuvieron que el objetivo del acuerdo era que la Justicia pudiera interrogar a los sospechosos iraníes por el atentado a la mutual judía, ocurrido en 1994.
El fiscal Alberto Nisman denunció en enero de 2015, cuatro días antes de aparecer muerto, que el memorándum implicaba un supuesto “pacto de impunidad” para hacer caer las acusaciones contra los iraníes. Se basó, en parte, en supuestas negociaciones secretas para dejar sin efecto las alertas rojas emitidas por Interpol contra los iraníes.
Noble dejó su cargo en Interpol en 2014 y se radicó en Dubai. Sollier es francés y su último puesto publicado es el de asesor del Consejo de Seguridad de la ONU en materia de terrorismo.
El fiscal de juicio, Marcelo Colombo, señaló la “clara trascendencia” del testimonio de Noble para el juicio y sostuvo que si Interpol no lo autorizara a declarar, estaría entorpeciendo el accionar de la Justicia. Hasta el momento, el ex secretario general de la organización no pudo ser citado en la causa.
La defensa de Zannini solicitó al tribunal que no espere al inicio del juicio sino que adelante las declaraciones de Noble y Sollier. Apuesta a que sus testimonios convenzan a los jueces de que la causa instruida por el juez Bonadio no tendría fundamentos legales y que el juicio no debe prosperar, confirmaron altas fuentes del tribunal y del caso.
Un recurso legal denominado “falta de acción” podría ser utilizado para frenar el juicio y hacer caer las imputaciones contra la vicepresidenta y otros funcionarios en ejercicio. La “falta de acción” implica que un tribunal no tiene legitimidad o habilitación para avanzar con un juicio. Sería algo atípico pero no imposible, coinciden en el tribunal oral.
La fiscalía, en cambio, apuesta a que el juicio se lleve adelante. Apunta a las explicaciones formales de Interpol sobre el memorándum con Irán, más allá de las personas involucradas (Noble, Sollier, Nisman, Timerman, quien pidió adelantar su indagatoria antes de morir en 2018).
En su denuncia, Nisman planteó que Noble presuntamente frenó la caída de las alertas rojas e impidió el supuesto “pacto de impunidad”. Noble salió a negarlo dos días más tarde y apoyó al gobierno argentino. El juez Bonadio, que instruyó la causa que llegó a juicio, pone en duda el accionar de Noble. Sin embargo, no lo acusa de ningún delito.
El objetivo del fiscal es lograr una respuesta de Interpol como institución sobre la pregunta central en el caso: ¿el memorándum puso o no en riesgo la permanencia de los pedidos de captura internacional de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA?
Además, la fiscalía busca que Interpol responda otros puntos: quiere saber qué alcance legal tenía la leyenda agregada por Interpol a las alertas rojas de los iraníes tras la firma del acuerdo (informaba sobre la firma del memorándum) y cómo podía incidir esa comunicación ante la posibilidad de una detención.
Interpol ya dijo a la Justicia que esa leyenda no había sido solicitada por ninguno de los dos países firmantes, pero de acuerdo con un escrito de la fiscalía de juicio, no fue claro con respecto a su alcance legal.
Parte de la documentación recabada hasta el momento en la causa permite reconstruir lo siguiente: tras la firma del memorándum Timerman comunicó a Interpol que el acuerdo con Irán no alteraba las alertas rojas. Un mes más tarde, Sollier respondió a la Cancillería que la oficina de Asuntos Jurídicos de Interpol “manifiesta que dicho acuerdo no implica ningún tipo de cambio en el estatus de las notificaciones rojas”; pero Irán sí habría tomado el memorándum como un acuerdo para levantar los pedidos de captura de sus hombres y lo reclamó oficialmente. Aun así, las alertas rojas nunca cayeron.
Además, la fiscalía solicitó al tribunal que Interpol aporte la documentación e información que tuviere en su poder respecto de todos los encuentros e intervenciones de la organización con los Estados argentino e iraní vinculados a la investigación del atentado.
También que informe si la actuación de Noble como secretario general le valió algún tipo de objeción o el inicio de alguna actuación administrativa en su contra en el marco de la causa por el atentado a la AMIA. PERFIL intentó comunicarse con Noble pero no obtuvo respuesta.
