Cristina Kirchner inició una carrera contrarreloj en su despedida del Gobierno. En su jugada para copar un organismo de control que deberá auditar el fin de su gestión y todo el próximo, la Presidenta formalizó ayer la renuncia de Juan Ignacio Forlón a la presidencia del Banco Nación, y la de Julián Alvarez al Ministerio de Justicia y al Consejo de la Magistratura. Forlón y Alvarez juraron el miércoles, a instancias del kirchnerismo en la Cámara de Diputados, como auditores de la Auditoría General de la Nación.
Alvarez fue la punta de lanza de una movida del Gobierno para recalar en la AGN antes del recambio en el Congreso en diciembre. Primero porque desde la oposición insisten que al perder la mayoría propia, el Frente para la Victoria no podría quedarse con dos de los tres auditores que elige la Cámara de Diputados. Y segundo porque el kirchnerismo y La Cámpora ya no tenían la certeza de poder poner a hombres propios en esos organismos después de diciembre.
De hecho, fuentes parlamentarias relataron que hubo duras discusiones en el seno del bloque oficialista antes de la sesión, que por eso se demoró más de una hora en arrancar. Diputados que responden a gobernadores, sobre todo, se oponían a votar a los dos dirigentes camporistas. Finalmente, Julián Domínguez los convenció.
Alvarez es un leal soldado de La Cámpora a las órdenes de la Presidenta. Responde internamente al secretario general de la Presidencia, Eduardo “Wado” de Pedro. Este abogado, de 35 años, se formó en la Facultad de Derecho de la UBA, donde empezó su militancia política. En estas elecciones fue candidato a intendente de Lanús, después de un acuerdo por el cual Darío Díaz Pérez, el actual jefe comunal oficialista, se bajó de la carrera por la reelección. Pero perdió a manos del ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti.
Desde su cargo en el Consejo de la Magistratura, fue una de las espadas del kirchnerismo en su estrategia para tener mayor injerencia en el Poder Judicial. Sin perspectivas de cargos a futuro, ahora Cristina le garantizó un puesto por ocho años, tiempo que duran los mandatos de los auditores.
Fuentes oficiales dijeron a PERFIL que la Secretaría de Justicia, que queda vacante, no será ocupada por nadie, dado que queda un mes hasta que se termine el mandato de la jefa de Estado. Pero sí enviarán a un representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. Se trataría de Nicolás Soler, actual subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, un cuadro técnico formado junto con Juan Martín Mena, el dos de la Agencia de Inteligencia.
La discusión promete continuar. Para el oficialismo sólo se podría revertir en la Justicia o con una nueva votación. La oposición, después de diciembre, apuesta a revocar las designaciones
