Desde que el presidente Alberto Fernández presentó su proyecto de reforma judicial, Juntos por el Cambio rechazó la iniciativa. Ahora, los equipos técnicos de los tres partidos que integran el frente opositor analizaron la iniciativa en profundidad y la rechazaron por "inoportuna, innecesaria, costosa y de dudosa constitucionalidad".
Así se desprende del estudio firmado este viernes 7 de agosto por la Fundación Alem (Unión Cívica Radical), Fundación Pensar (PRO) y el Instituto Hannah Arendt (Coalición Cívica - ARI), en el que analizan los distintos aspectos de la reforma. En el documento, cuestionan "la oportunidad elegida" para impulsar los cambios en plena pandemia de coronavirus: si bien reconocen que el cambio "es necesario", señalan que "carece de urgencia en este momento".
El análisis lleva las firmas de Lilia Puig (presidenta de Fundación Alem), Franco Mocchia (presidente de Fundación Pensar), Juan Manuel López (titular del Instituto Hannah Arendt), y los referentes judiciales Ricardo Gil Lavedra, Germán Garavano y Paula Oliveto. "Después del análisis realizado a la llamada reforma judicial, queda claro que no satisface los propósitos que se dicen buscar. Se trata de una reforma inoportuna, innecesaria, mal estructurada, altamente costosa y con aspectos de dudosa constitucionalidad", afirman en el resumen del documento.
Con la firma de Macri, JxC comparó la reforma judicial de Alberto con la de Menem
El texto analiza los ejes principales de la propuesta del gobierno. la creación del Fuero Penal Federal se califica de "irrazonable" por la próxima entrada en vigencia del sistema acusatorio en los próximos dos años en la Ciudad de Buenos Aires, lo que volvería redundante la fundación de nuevos juzgados. Se tilda de "inconstitucional" la modificación sobre las subrogancias y se cuestiona el costo presupuestario de los cambios, que se calcula superior a 3.000 millones de pesos.
De aprobarse la reforma propuesta por el oficialismo, argumentan, "no se tendrán procesos y sentencias más rápidas, ni tampoco habrá una Justicia más independiente y blindada de presiones del poder político, económico o del crimen organizado".
Como alternativa, se propone "remitir al Congreso los pliegos de magistrados que ganaron sus concursos y que luego fueron retirados del Senado, iniciar el tratamiento del proyecto de Código Penal de la Nación, impulsar la sanción del Código Procesal Federal Civil y Comercial y continuar la implementación progresiva del sistema acusatorio actualmente en funcionamiento en Salta y Jujuy".
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