La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró este lunes la “responsabilidad internacional de la República Argentina por haber incumplido su deber de regular, supervisar y fiscalizar la instalación de una estructura de hierro colocada por una empresa privada en un espacio público sin la debida seguridad cuyo colapso causó la muerte de Marcela Iglesias”, el 5 de febrero de 1996 en el barrio porteño de Palermo.
La sentencia, que leyó el presidente de la Corte IDH, el juez de nacionalidad brasileña Rodrigo Mudrovitsch, indicó que “el Estado incumplió con la obligación de investigar y sancionar a los eventuales responsables por la muerte de la niña dentro de un plazo razonable”.
Además, por cuatro votos contra dos, la Corte IDH reconoció que “el Estado violó los derechos a la integridad personal y la protección de los padres de Marcela”, Nora Ribaudo y Eduardo Iglesias. Y declaró que el Estado argentino es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la niñez de Marcela Iglesias, reconocidos en los artículos 4, 5.1 y 19 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
El caso
El 5 de febrero de 1996, en el entonces Paseo de la Infanta del barrio porteño de Palermo, una escultura de más de doscientos kilos se desplomó sobre Marcela Iglesias, de seis años, durante una excursión de la colonia de vacaciones del Banco Hipotecario. Murió en el acto. Otras dos nenas, Lucía Acosta y Antonella Zazarino, resultaron heridas.
En diciembre de ese año, el juez Luis Alberto Schelgel procesó por homicidio culposo y lesiones al escultor Danilo Danzinger, autor de la obra, y a la galerista Diana Lowenstein, responsable de la galería que organizó la instalación.
También quedaron imputados los funcionarios municipales Héctor Torea (director de la Policía Municipal), Antonio Mazzitelli (a cargo de Inspecciones de Rutina) y Juan Carlos Favale (responsable de los controles en la zona), junto con el entonces secretario de Planeamiento Urbano y Medio Ambiente, Marco Pasinato, acusado por abuso de autoridad. La Cámara del Crimen confirmó los procesamientos de todos, excepto de Pasinato.
En 1999, el fiscal Marcelo Martínez Burgos elevó el expediente a juicio oral pero el juicio nunca se llevó adelante. En marzo de 2005, la jueza María Susana Nocetti de Angeleri declaró prescripta la causa, una decisión que confirmó luego la Cámara de Casación.
El caso llegó a la Corte Suprema: el entonces procurador general de la Nación, Esteban Righi, emitió en noviembre de 2006 un dictamen a favor de la reapertura de la causa pero el 11 de diciembre de 2007 el Máximo Tribunal declaró “inadmisible el recurso extraordinario federal” presentado y ordenó el cierre definitivo de la causa por haberse cumplido los plazos procesales para la persecución penal.
En 2008 la causa llegó a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que la elevó a la Corte.
Justicia internacional
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que el expediente reunía elementos suficientes para examinar la eventual responsabilidad internacional del Estado argentino. Puso el foco en la falta de una investigación judicial efectiva, en las dilaciones acumuladas durante el proceso penal y en el uso de la prescripción como mecanismo de cierre definitivo, sin que hubiera existido un juicio oral ni una determinación de responsabilidades.
Durante la investigación se determinó que la “estructura metálica estaba en evidente estado de oxidación y corrosión; que, a pesar de su gran parte y peso, se encontraba sujeta solo de dos extremos con un único punto de soldadura; y que nunca había sido asegurada debidamente, teniendo en cuenta su peso y proporción”, según figura en el expediente ante la Comisión Interamericana.
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En agosto pasado, el Estado argentino debió responder en la causa por la muerte de Marcela Iglesias. La delegación oficial estuvo encabezada por el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, desplazado cuatro meses después y quien fuera reemplazado por Joaquín Ignacio Mogaburu, hasta entonces secretario del Tribunal Oral Federal 7, que juzga la causa “Cuadernos”.
En la sentencia que se conoció este lunes el tribunal determinó que el Estado deberá realizar un acto de reconocimiento internacional y de disculpas públicas a la familia Iglesias y, con el acuerdo de los padres, armar un espacio recreativo en su honor.
La Corte Interamericana está integrada por los jueces Mudrovitsch, Patricia Pérez Goldberg (vicepresidenta); Roberto Pérez Manrique, Nancy Hernández López, Verónica Gómez, Alberto Borea Odría y Diego Moreno Rodríguez. Gómez es argentina y por la jurisprudencia de la CIDH no se pronunció en el caso.
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