El escenario no era el indicado, pero Javier Milei lo hizo. Por un instante, la formalidad institucional que recae sobre la figura presidencial en la sobriedad de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, cedió protagonismo para dejar lugar al regreso del panelista ultramediático de Animales Sueltos. El antecedente parecía haberse olvidado, bajo la promesa de campaña de no recurrir nunca más al insulto como estrategia política. Pero en un rapto de violencia, mientras su mano izquierda iniciaba un incontrolable tic nervioso, Milei dirigió su mirada inquisidora hacia la bancada opositora y disparó sin eufemismos. “Manga de ladrones, ignorantes. La justicia social es un robo. Por eso tienen a la jefa suya presa”, en un segundo, y a la vista de todos, regresó la descalificación como forma de intervención pública y Milei volvió a ser Milei. Pero el epíteto contra la “justicia social” no fue un desliz aislado. Aparecen variaciones de la misma idea en varios de los libros (plagiados o no) y discursos (plagiados o no) del Presidente.
El embate contra las decisiones del Estado que pretenden mejorar la distribución del ingreso y corregir las desigualdades constituye una constante en Milei. Por caso, en El camino del libertario sostuvo: “Las políticas redistributivas representan una seria amenaza para la libertad (…). La idea de justicia social es una idea de resentidos y envidiosos. Para lograr esa política distributiva le tienen que robar a otros.” Las afirmaciones de Milei no solo intentan caricaturizar un concepto profundamente vinculado al espíritu democrático, sino que van más allá. Buscan clausurar el debate sobre qué se debe entender por justicia social, en medio de un cada vez más creciente surgimiento de una sociedad alarmantemente desigual. Y es, por sobre todas las cosas, el intento de desarticular la principal bandera de la oposición: el peronismo sin justicia social pierde su razón de ser.
La crítica radical de Milei a la justicia social no surge en el vacío. Guarda genealogía intelectual en autores de la más profunda tradición liberal y libertaria. Como el economista español Jesús Huerta de Soto, del que el presidente argentino se declara un gran admirador. Huerta de Soto sostiene que “la justicia social sólo tiene sentido en un fantasmagórico mundo estático”. En Socialismo, corrupción ética y economía de mercado, el gurú liberal asegura que “no tiene ningún sentido analítico el concepto de justicia social” porque “viola el principio moral de que todo ser humano tiene derecho natural a los resultados de su propia creatividad empresarial”. Para la raíz filosófica de la cultura libertaria, la justicia social es inmoral porque reprime la libertad individual.
Pero reducir la discusión a la dicotomía robo/libertad es perder de vista una transformación más profunda del conflicto político que la justicia social representa en la historia reciente de la Argentina. La pregunta central es otra: ¿a qué “justicia social” se refiere Milei cuando habla de justicia social? Y, lo que es más acuciante, ¿por qué ese término ha perdido poder simbólico entre amplios sectores de trabajadores, especialmente, entre los más jóvenes? Aquí entran tres elementos que conviene separar y articular: el cambio real en las demandas sociales, la erosión del relato clásico del peronismo y la necesidad de una teoría que muestre la complejidad de la justicia social contemporánea.
Para entender esta nueva forma de pensar a la justicia social en el debate político contemporáneo, es interesante reparar en la filósofa Nancy Fraser. En Justicia social en la era de la política de la identidad: redistribución, reconocimiento y participación, la cientista social estadounidense ofrece un nuevo marco de análisis frente al reduccionismo que entiende la justicia social sólo como redistribución económica. Para completar su hipótesis, Fraser propone una tríada: redistribución (lo económico), reconocimiento (lo cultural y simbólico) y representación (quién tiene voz y poder en las instituciones). Desde esta perspectiva, las luchas de las nuevas clases trabajadoras no se establecen solamente por ingresos o acceso al empleo, aunque eso siga siendo clave, sino también por respeto, identidad y participación política. El neoliberalismo no sólo generó desigualdad material (maldistribution), sino que produjo formas de humillación o estigmatización (misrecognition) y exclusión política (misrepresentation). Siguiendo a Fraser, se trata por lo tanto de dar cuenta de una serie de demandas que las recetas puramente de mercado no resuelven.
Aplicado al caso argentino, el marco teórico que propone esta autora ayuda a entender por qué el baluarte histórico de “justicia social” ha ido perdiendo resonancia entre los más jóvenes: las nuevas demandas combinan reclamos de reconocimiento (género, diversidad), con inseguridad (laboral, precariedad) y desconfianza (hacia las instituciones). En ese marco, este fenómeno complejiza para las nuevas generaciones la concepción tradicional que se concebía anteriormente. Para decirlo sin rodeos: la justicia social en la que piensan los jóvenes de hoy no es la justicia social en la que pensaban los jóvenes de antes.
Para comprobarlo, basta con revisar los datos. Un estudio realizado por Zubán Córdoba en marzo 2023, a través de focus groups y encuestas a menores de 25 años que viven en el Conurbano, concluyó que cuando se les consultó por el concepto “Justicia Social” algunos respondieron que era “hacer justicia por mano propia contra delincuentes”. Mientras que en octubre de 2024, Pulso Research realizó el informe “Encuesta Peronismo”, donde se confirma que, entre las nuevas generaciones, la justicia social está mucho menos presente como identificación política de la oposición, porque cuando se les pregunta por “la bandera principal del peronismo”, solo el 34% de las personas de 16 a 29 años eligieron la “justicia social”, frente al 64% de los entrevistados de 30 a 49 años y al 84% de los que tienen 50 años o más. Por último, un trabajo de DC Consultores, efectuado en junio 2025, muestra que el 84% de los jóvenes asocia al kirchnerismo y al último gobierno peronista con “gasto público” y solo el 16% lo relaciona con “justicia social”.
¿En qué piensan los jóvenes cuando piensan en justicia social?
Para poder comprender el devenir simbólico de un concepto clave y circunscribir la crítica de Milei a un proceso más profundo de transformación del vínculo entre el peronismo y su base histórica, es muy interesante revisar el aporte que ha venido realizando en los últimos años Maristella Svampa. En La larga agonía de la Argentina peronista, la socióloga sostiene que el movimiento político, que durante décadas logró conectar con las demandas de la clase trabajadora organizada, enfrenta hoy una crisis estructural de representación. El peronismo clásico se apoyaba en un sujeto social relativamente estable, el trabajador industrial sindicalizado, y en un horizonte compartido de movilidad ascendente, asociado a la idea de justicia social. Pero la feroz transformación del mercado de trabajo, marcada por la precarización, la informalidad y la fragmentación, debilitó ese nexo histórico entre identidad política y experiencia laboral.
En ese contexto, sostiene Svampa, el lenguaje político del peronismo perdió capacidad de interpelación entre amplios sectores, especialmente entre los nuevos argentinos que crecieron en un mundo laboral muy distinto al de sus padres. La justicia social, que durante décadas funcionó como una bandera identitaria de la actual oposición, dejó de ser un significante naturalmente asociado al peronismo y pasó a formar parte de una disputa más amplia por el sentido de la desigualdad y el rol del Estado. Desde esa perspectiva, el ataque de Milei a la justicia social no solo expresa una persecución ideológica iracunda, sino que también se apoya en una mutación previa del terreno social y simbólico sobre el que el peronismo había construido su propia legitimidad.
¿Por qué es necesario redefinir este paradigma frente a la diatriba simplona de Milei? Porque negar la justicia social como concepto, o lo que es más grave aún, presentarla como un robo, no desactiva las injusticias materiales ni las humillaciones objetivas que sufren millones de excluidos, sino todo lo contrario: politiza la demanda social en clave punitiva y autoritaria. La respuesta frente al agravio no puede ser la defensa acrítica de una figura que ha devenido en un slogan que pierde fuerza frente a la realidad que enfrentan miles de trabajadores en Argentina. Pero tampoco puede ser la negación absoluta para rediscutir la responsabilidad de articulación social que debe asumir el Estado. Para combatir la descalificación de Milei a la idea democrática de justicia social es necesario repensar un argumento teórico y político que combine redistribución social, con políticas fiscales progresivas y sustentables, sumadas a la ampliación de derechos laborales que respondan a la fragmentación del mercado de trabajo actual.
No obstante, el Presidente tiene razón en una parte de su argumento: muchas políticas públicas han sido ineficaces, clientelistas o corruptas, y en las últimas décadas no se ha creado empleo genuino en la Argentina. Pero reconocer esa condición no impide plantear que la filosofía democrática exige recuperar el verdadero sentido de la justicia social: no en los términos libertarios planteados por Milei, sino como la construcción colectiva de condiciones materiales, simbólicas e institucionales necesarias para que la libertad no sea tan solo el privilegio de algunos pocos.
