Los jueces de la Corte tienen reunión este jueves 29 de agosto. Sin embargo, aún no se sabe si conversarán sobre uno de los temas más espinosos que llegó al Palacio en las últimas horas: la demanda conjunta de las provincias por las medidas económicas que afectan recursos coparticipables.
En los pasillos de Talcahuano, el comentario más extendido es que los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda no tienen ningún apuro para sacar un fallo sobre un asunto que consideran un problema político.
A la presentación que hicieron algunas provincias este lunes, se le sumó este martes Entre Ríos. Río Negro hizo algo curioso: la presentó y más tarde la retiró. “El principal problema es que el candidato opositor (y el más votado en las elecciones) dijo que está de acuerdo con los gobernadores que acaban de demandar al Estado nacional: ergo, lo va a voltear si llega él al poder”, analizó una fuente del Palacio en diálogo con PERFIL.
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¿Para qué, entonces, se apuraría la Corte? Los jueces del máximo tribunal del país solo resuelven con urgencia si hay riesgo de vida o hay algún caso que pueda involucrar el destino de un menor.
Otra fuente sostuvo que el tema terminará por resolverse de manera judicial, porque es inevitable una vez que el caso llega al Palacio. Pero que no hay un tiempo estimado.
Tarifas, reelección, y otros temas que la Corte trató en los últimos años son vistos por la justicia como un problema que la política no resuelve (aunque debería) y pretende que la discusión sea saldada con un fallo.
“Pero después si ese fallo es adverso, insultan a los jueces”, analizan en el Palacio de Tribunales.
La Corte pidió dictamen a la Procuración para escuchar su opinión. Pero el dictamen no es vinculante. Y la decisión de los jueces es estudiarlo con tiempo. Las fuentes en este punto no son concluyentes. Algunos sugieren que el tema se podría estirar hasta después de las elecciones, otros aseguran que antes de octubre habrá un fallo.
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Los gobernadores interpusieron las demandas por tres decretos de Mauricio Macri que dispusieron el congelamiento de las naftas, la quita del IVA a producto de la canasta básica y otros paliativos para la clase media, luego del resultado electoral y el impacto que tuvo en la cotización del dólar.
Los mandatarios sostienen que más allá de la necesidad o no de las medidas, no fueron consultados pese a que afectan los recursos provinciales.
MC
