Ni la Justicia tucumana ni la de la Ciudad de Buenos Aires, ambos distritos donde se asentó la denuncia por violación contra el senador José Alperovich, quieren hacerse cargo del caso. Hace instantes el magistrado tucumano Facundo Maggio se declaró incompetente y ordenó que la causa vuelva a estar a cargo del magistrado porteño Osvaldo Rappa, quien el jueves había declinado hacerse cargo de la investigación bajo la excusa de que la denunciante y Alperovich tienen domicilio en esa provincia.
Maggio pidió que en última instancia la causa pase a la Corte Suprema para que se resuelva cuanto antes el destino de la denuncia. De acuerdo con la denuncia de la sobrina, los abusos sexuales habrían sucedido entre fines de 2017 y mayo de 2019. En la denuncia primero habla de dos hechos –el 14 y el 27 de diciembre de 2017– en el departamento de él, en el barrio porteño de Puerto Madero. Luego, habla de otros abusos –agravados por acceso carnal– que habrían sucedido en Tucumán, en la casa que usaban como sede de campaña. Por su parte, Alperovich negó las acusaciones y pidió licencia por seis meses como senador nacional.
La joven que denunció por violación a José Alperovich ya tiene custodia
Pedido. El equipo técnico que asesora legalmente y acompaña a la joven de 29 años que denunció a su tío emitió un comunicado a raíz de las idas y vueltas de la Justicia:
Desde el equipo técnico de acompañamiento a la denunciante de José Alperovich por abusos sexuales sucedidos entre diciembre del 2017 y mayo del 2019 informamos que el Juez a cargo de la causa, el Dr. Facundo Maggio, se declaró incompetente para entender en la prosecución del trámite de Investigación Jurisdiccional requerido por el Ministerio Público Fiscal, remitiendo las actuaciones a Jurisdicción del Dr. Rappa, quien ya se expidió en el mismo sentido. Los fiscales intervinientes de Buenos Aires, Santiago Vismara y Mariela Labozzeta, apelaron dicha resolución.
Desde el equipo técnico vemos con preocupación que la Justicia no defina con premura la competencia del caso para que el juzgado asignado se expida sobre la apertura de la investigación jurisdiccional requerida por el Ministerio Público Fiscal y resuelva los pedidos de la denunciante. No obstante, confiamos que prontamente el Tribunal superior tendrá la última palabra sobre la competencia de la jurisdicción, con la inteligencia suficiente de entender que la multiplicidad de hechos sucedidos en jurisdicciones diferentes deben ser investigados sin dilación y con la mayor celeridad para el esclarecimiento de la verdad objetiva y contando con las actuaciones jurisdiccionales de ambos territorios en caso de ser necesario. Instamos a que la definición de competencia se concrete antes de la Feria Judicial.
Nos parece oportuno recordar que el Estado tiene la obligación inmediata de actuar con la debida diligencia requerida para prevenir, investigar, y sancionar todos los actos de violencia contra las mujeres, cometidos tanto por actores estatales como no estatales, según lo establecen los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En ese mismo sentido, tiene la responsabilidad de garantizar la disponibilidad de mecanismos judiciales efectivos, adecuados, e imparciales para víctimas de violencia contra las mujeres. Entendemos que este caso ha tomado una dimensión muy grande para la sociedad por lo que nos vemos en la responsabilidad de informar cada paso que se toma. Instamos a que la competencia se resuelva prontamente para no incurrir en la revictimización de la denunciante.
Ri/FeL
