En el reporte, de 37 páginas, se analizó a los tres poderes del Estado, y se hizo hincapié en la necesidad de dar mayor transparencia a la contratación de funcionarios públicos y en el proceso de adquisición de bienes y servicios del Estado.
El organismo internacional, según consignó hoy La Nación, puso el foco en los sistemas para proteger a los funcionarios que denuncien actos de corrupción, la actualización de normas éticas, y el ordenamiento jurídico interno del país.
Uno de los ejes sobre los que los enviados de la OEA pusieron mayor atención es en la contratación de funcionarios públicos: recomendaron al Poder Ejecutivo "fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos y avanzar aún más en la elaboración de manuales de perfiles de empleos". Y se sugirió evitar la continuidad de "contratos cuyo objeto sea la prestación de servicios profesionales a título personal, para contratar personas que por sus características y por la naturaleza de las funciones a desarrollar deberían ser contratadas a través de un régimen diferente".
Los concursos públicos también fueron criticados: "Pese a los avances en materia normativa, la implementación de los concursos públicos resulta ineficiente en los plazos pretendidos por la normativa, debido a la burocratización de los procesos o ineficiencia en la determinación de recursos"
Al Congreso de la Nación se le reclamó mayor equidad en la designación de empleados: "No privilegiar la condición de trabajador de planta temporaria del Congreso al momento de postular para un cargo en su planta permanente", plantearon.
En cuanto a los "bienes y servicios", la OEA recomendó "adoptar la regulación integral de las contrataciones públicas electrónicas observando los principios de publicidad, equidad y eficiencia".
