La polémica por la sucesión de la Procuración General de la Nación creció en los últimos días y horas. Oficialismo y oposición, con diferencias no sólo entre ellos sino también al interior de cada lado, se metieron de lleno en el tema. En el centro de la discusión está el nombre del juez federal Daniel Rafecas, candidato a procurador del presidente Alberto Fernández, y cuyo pliego lleva varios meses en el Congreso de la Nación sin que el oficialismo consiga los votos necesarios para su tratamiento y aprobación. Pero el debate va aún más allá y de fondo también se discute sobre las mayorías necesarias para acceder al cargo -vacante desde octubre de 2017, con la renuncia de Alejandra Gils Carbó- así como el tiempo que debería durar una persona en el puesto, que hoy por hoy es vitalicio. De momento, la mayoría para llegar a la jefatura de fiscales es especial, es decir que se necesitan dos tercios de la Cámara Alta, pero el kirchnerismo quiere cambiarla por una simple. En el trasfondo de la situación está la implementación del sistema acusatorio, una deuda del sistema judicial argentino, y cuya introducción, que ya está en marcha, supone grandes desafíos y se vuelve central a la hora de la elección, ya que los fiscales tienen un rol fundamental en este.
La posición de Rafecas
Respecto de las mayorías para acceder al cargo, Rafecas, en agosto primero y hace dos semanas después, sostuvo e insistió en que no aceptará el cargo de Procurador si se flexibilizan los requisitos de la mayoría para conseguir el acuerdo. "Que el cargo de procurador deje de ser vitalicio para pasar a ser temporario no debe modificar la exigencia de mayoría calificada en el Senado", sostuvo el magistrado en declaraciones al diario LA NACION. "Mantengo mi postura: si se modifica esa exigencia, yo no estaré dispuesto a asumir el cargo", agregó. Su postura despertó críticas en el oficialismo, que hizo saber que no aceptaría condicionamientos. "Los senadores no aceptamos condicionamientos ni de asesores ni de jueces ni tampoco de aquellos que pretendan condicionar sus pliegos o postulaciones a la confección o tratamiento de determinada ley o que quieran presionar o imponernos condiciones", sostuvo el senador del Frente de Todos (FdT) por Río Negro, Martín Doñate.
En las últimas horas, cerca de Rafecas, explicaban que la posición del magistrado no es caprichosa ni antojadiza, sino que es la interpretación del mandato constitucional de lo que debe ser el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación, como órgano extrapoder. En ese sentido ubican la exposición que hizo durante la jornada de ayer Alberto Binder, en la Comisión de Justicia del Senado. Binder, doctor en derecho, profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires (UBA), fundador y presidente del INECIP, y reconocido internacionalmente, habló de la importancia de que el próximo procurador sea elegido con una mayoría de dos tercios, en vistas, en especial, a la próxima aplicación del sistema acusatorio, que dota de una mayor centralidad en las investigaciones a los fiscales.
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En su exposición ante la Comisión, de forma remota, Binder habló de las peleas contra las mafias que deberán darse y sostuvo: “el próximo procurador tiene que tener una espalda bien cubierta para poder hacer esto y rumbear al MPF, hacia el lugar correcto en términos de tener el apoyo para suficiente para implementar el nuevo sistema que toca muchos intereses, muchos callos, muy poderosos”.
Por eso, agregó, “el primer procurador del sistema acusatorio es bueno que tenga un muy buen respaldo del senado”. Tras lo que agregó que ese respaldo del senado también tiene otra implicancia, porque “el procurador del sistema acusatorio es una persona crucial para establecer las relaciones de cooperaciones entre las justicias provinciales y la federal, que es un gran agujero negro, una deuda”. En ese sentido enumeró problemáticas como narcotráfico, trata y criminalidad económica, entre otras, que necesitan de la relación y cooperación entre provincia y nación. Insitió que no se trataba del “procurador de Comodoro Py”, en relación a la centralidad que tiene el edificio de Retiro, y agregó que por todos esos puntos, se debe contar con el acuerdo de la casi totalidad de la provincias, como un activo del que no se puede prescindir.
El sistema acusatorio
La implementación del sistema acusatorio es considerado una deuda del sistema judicial argentino. Se trata de un cambio de paradigma en la administración de justicia en el país y se caracteriza, fundamentalmente, por brindar las herramientas a los fiscales para poder avanzar en la investigación y que el juez observe de forma imparcial el proceso. Todo con un equilibrio entre las partes que acusan, defienden y deciden, explotándose nuevas herramientas que ayuden a la resolución del caso. Al ser oral, con el nuevo sistema desaparece el expediente en papel, todo será digitalizado y filmado.
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El sistema comenzó a implementarse el año pasado, en Salta y Jujuy, con resultados prometedores. La idea original era que fuera implementándose en todo el territorio nacional de forma progresiva y que Comodoro Py sea el último punto en incorporarlo, en 2025.
Con el acusatorio, la mayor actividad procesal posible se da en las audiencias y su interrupción sólo puede suceder por razones debidamente justificadas. En tanto que la prueba debe ser producida por las partes en presencia de los jueces que luego adoptan las decisiones. Las audiencias deben ser abiertas, salvo que se presente alguna de las pocas excepciones previstas legalmente. En tanto que las etapas del proceso deben tener plazos breves, que se desarrollan de manera ágil y dinámica, sin demoras innecesarias.
CD/FeL
