El anuncio del regreso a Fase 1 de la ciudad de Formosa, a casi un año del inicio de la pandemia de coronavirus, desató ayer la furia de trabajadores de la capital provincial que protagonizaron una protesta frente a la Gobernación que derivó en incidentes con la Policía y manifestantes heridos con balas de goma.
La provincia ya venía sumando cuestionamientos por las deficientes condiciones humanitarias en los centros de aislamiento en donde, en algunos casos, se obligaba a permanecer a personas que habían obtenido el hisopado negativo de covid-19. A esto se sumó la novedad impuesta por el gobernador, Gildo Insfrán, que motivó la inmediata reacción de la oposición, que pidió su renuncia, así como la del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y la intervención federal de la provincia. El reclamo escaló incluso con el pedido de que se responsabilice el propio presidente Alberto Fernández, que hasta el momento no había hecho mención sobre la violencia en el distrito que administra uno de los gobernadores más cercanos, al mando de Formosa hace un cuarto de siglo.
La decisión de Insfrán de volver a la fase más restrictiva del aislamiento se conoció el jueves ante el registro de 17 nuevos casos de coronavirus en la ciudad y la preocupación sobre la posible rápida propagación de los contagios.
A menos de una semana del inicio de clases y el regreso progresivo a las actividades comerciales, la noticia cayó como una bomba sobre todo entre el sector de los trabajadores que rechazan volver al parate de marzo de 2020. En ese contexto, se convocó a una manifestación en el centro en rechazo de la decisión que fue subiendo de tono y derivó en choques entre los participantes y la Policía, que intentaba contener la protesta. Varios manifestantes y trabajadores de prensa que cubrían la movilización resultaron heridos con balas de goma que la Policía utilizó para intentar dispersar la marcha.
“No a la Fase 1, queremos trabajar”, decían algunos de los carteles que portaban los manifestantes que exigían la flexibilización de las medidas de prevención del covid, por considerarlas excesivas frente a la cantidad de contagios.
Mientras tanto, Insfrán posteaba a través de las redes sociales que se encontraba en la localidad de Las Lomitas inaugurando una sede del Poder Judicial con el mensaje de que “debemos priorizar el bien común sobre los intereses individuales, y eso se logra con unidad, organización y, sobre todo, con amor”.
El ministro de Gobierno, Jorge Abel González, salió a aclarar que la policía provincial “no tiene carta blanca” y que debe utilizar “protocolos” para actuar, en referencia a la respuesta de la fuerza ante la manifestación frente a la Casa de Gobierno provincial. González buscó además bajarles el precio a los participantes de la marcha y los identificó como parte de “un grupo agitador en un año electoral”.
“Es una situación molesta y lo entendemos, pero las medidas sanitarias son claras y concretas”, dijo al ratificar la aplicación del aislamiento que se extenderá al menos por 14 días.
Desde la Secretaría de DD.HH. de Nación repudiaron la violencia policial, pero no dejaron de hacer mención a una “campaña de desprestigio” de los medios, al “boicot a las medidas sanitarias”, el “uso político de la oposición” y la “violencia desmedida de algunos manifestantes”.
Piden que intervenga el Presidente
La oposición de Juntos por el Cambio salió ayer a cuestionar en duros términos la escalada de violencia en Formosa a raíz de la decisión de Gildo Insfrán y acusó de “cómplice” al presidente Alberto Fernández por no condenar de manera pública los hechos en la provincia del norte.
“¡Presidente Fernández dígale a su amigo Insfrán que deje de reprimir a los formoseños!”, le exigió el jefe del interbloque de Diputados de JxC, Mario Negri, en sintonía con su par del Senado, el formoseño Luis Naidenoff, quien instó “a Insfrán a detener la represión y al gobierno nacional a que termine con la complicidad y garantice los derechos humanos fundamentales en Formosa”.
La Coalición Cívica ARI, en tanto, se pronunció “en relación a la violación sistemática a los derechos humanos, el no funcionamiento de los poderes y la restricción de las libertades” y pidió la salida de Insfrán y Pietragalla, la intervención federal, y la interpelación de Marcela Losardo, ministra de Justicia, y de Eduardo “Wado” De Pedro, de Interior.
