Los casi once minutos en los que la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, leyó las modificaciones en el proyecto de reforma judicial, dejaron al completo descubierto la repartija de cargos como consecuencia de la rosca política de los días previos. Era la madrugada del viernes, la situación rozaba el escándalo y las negociaciones quedaron en evidencia al verse las modificaciones en materia de juzgados y Cámaras en distintos puntos del país, entre otros ítems. De hecho, si el proyecto se aprobara tal como está, sólo quedarían sin Cámara de Apelación 2 de las 23 provincias del país. Las primeras aproximaciones hablan de alrededor de 1.400 nuevos cargos, entre jueces y empleados. Es decir, casi 500 más de los agregados en Comisión, dónde ya se habían agregado cerca de 600. En tanto que el presupuesto aproximado que demandará es aún difícil de precisar, pero sí se sabe que supera ampliamente el monto oficial ofrecido al principio del proceso.
En lo que respecta a los tribunales de Comodoro Py, el fuero federal que investiga delitos de corrupción que involucran a funcionarios y ex funcionarios, el proyecto quedó tal como estaba previsto. Los 12 juzgados de instrucción se unifican con los 11 de Penal Económico, llegando así a 23 dependencias, de las cuales saldrá una secretaría de cada uno de ellos y se crearán 23 juzgados nuevos. Se trata del corazón del proyecto, que apunta a licuar el poder que concentran los primeros mencionados.
La reforma judicial puede ser un significante vacío
Lejos de Retiro, el reparto de cargos y creación de juzgados, Cámaras, fiscalías y defensorías se dio en el interior del país. La clave parece estar en la necesidad de generar apoyos políticos que apunten a votos en Diputados, donde el proyecto tendrá una parada difícil (ver página 9).
Del extenso documento con modificaciones anunciadas cerca de la madrugada del viernes se desprende que se sumaron 4 nuevos juzgados federales en la provincia de Buenos Aires, dos en Corrientes, 3 en Chaco y 1 en Santa Fe, lo que da un total de diez dependencias, en tanto que distribuidos en el resto del país se sumaron 63 más, llegándose así a 73 nuevas dependencias no contempladas inicialmente.
A eso se sumaron trece nuevas fiscalías y la misma cantidad de secretarías especializadas en distintas temáticas como medioambiente y derechos de consumidor. El incremento del número de fiscalías, así como el de Defensorías, es uno de los pocos vistos como “lógicos” en términos de la reiterada serie de críticas y observaciones que hicieron los expositores en referencia a la necesidad de estos por la implementación del sistema acusatorio.
El oficialismo logró aprobar en el Senado la controvertida reforma judicial
La lectura de las modificaciones generó un profundo malestar entre la oposición. En ese sentido, poco después de conocerse lo que sucedió, fue la senadora de Juntos por el Cambio (JxC) Laura Rodríguez Machado quien a través de su cuenta de Twitter sintentizó: “El presidente creaba con su proyecto de Reforma Judicial 279 cargos. El oficialismo lo modificó y pasaron a ser 908, tras la negociación para conseguir los votos que necesitan en Diputados. Y minutos antes de la votación de hoy llegaron a más de 1.000 cargos”.
Por su parte, el legislador Daniel Lipovetizky afirmó: “Los cambios institucionales requieren diálogo y consenso. Ninguno era posible lograr en el marco excepcional de la pandemia, y menos que menos, introduciendo modificaciones sustanciales al proyecto a último momento. Es una reforma judicial que tiene rumbo de fracaso, como la de 2013”. Una mirada compartida tanto en la política como en tribunales.
