La trama judicial detrás del puntero del PJ y las 48 tarjetas de débito: vínculos familiares y políticos, en la mira
La Justicia busca reconstruir el esquema y corroborar si existió una millonaria defraudación contra el Estado. Los puntos en común de las declaraciones y por qué no descartan citar a políticos.
Casi dos semanas pasaron del día en que Julio "Chocolate" Rigaufue detenido in fraganti en un cajero de La Plata mientras retiraba dinero de 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura provincial. Mientras tanto, la Justicia provincial trabaja en reconstruir un esquema de presunta defraudación al Estado que podría escalar hacia altas esferas de poder político oficialista y opositor.
Rigau, de 65 años, fue encontrado el sábado 9 de septiembre por la noche, en un cajero del Banco Provincia ubicado en 7 y 54, a una cuadra de la Legislatura bonaerense de la que es empleado. Llevaba consigo $1,2 millones y 48 tarjetas de débito de otros empleados legislativos cuyo desempeño laboral está en duda. Entre esas tarjetas había una a su nombre y dos con su mismo apellido: Christian Rigau y Gerardo Rigau.
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Debido a la familiaridad entre "chocolate", sindicado como un "puntero" del Partido Justicialista local, y esas dos personas, la investigación judicial se concentra en el resto de los "empleados" legislativos, según aclararon fuentes judiciales a PERFIL. Es decir, el presunto delito se daría en relación con las otras 46 personas cuyas tarjetas tenía Rigau en su poder.
Qué surgió de las primeras testimoniales
De ese total, al cierre de la nota habían declarado 16, menos de la mitad.
Según supo este medio, la mayoría de esas testimoniales fueron coincidentes: dijeron conocerlo a Rigau, que voluntariamente habían aceptado donar parte del sueldo a su merendero y algunos de ellos sabían las claves de las tarjetas. Además, otro común denominador que tiene la Justicia es el monto exacto entre todos los sueldos, que son de $580 aproximadamente, a pesar de realizar tareas diferentes.
Cámara de Diputados Bonaerense.
A modo de ejemplo, una fuente consultada por este medio señaló que una de las personas que dijo ganar ese monto por dedicarse a "mover muebles". Fue uno de los testimonios que llamó la atención de los investigadores y que puso todavía más duda sobre la legitimidad de esos contratos.
La causa está radicada en la Justicia provincial a cargo del juez de Garantías Guillermo Atencio -que viene de rechazar el pedido de excarcelación que presentó la defensa de "chocolate"- y la fiscal Betina Lacki, de la Unidad Funcional de Instrucción N°2.
Uno de los ejes de la investigación versa sobre los titulares de las tarjetas de débito. Más allá de sus declaraciones, al analizar el listado surge que en muchos de los casos las personas comparten vínculos familiares entre si: hay hermanos, parejas e hijos. Muchos de ellos tienen su perfil público en redes sociales y muestran actividades comerciales además de exponer los vínculos mencionados.
El caso comenzó hace dos semanas y en la sede judicial de la Avenida 7, donde ya se incorporó a la causa un cúmulo de pruebas clave ordenado al comienzo de la investigación por la fiscal. Hay oficios del Banco Provincia con detalles del movimiento en las cuentas, tickets, y cuadernos secuestrados a "chocolate". Además, la Cámara de Diputados también respondió un oficio con los legajos de los empleados.
Los ejes de la investigación judicial
Si bien en la Justicia dijeron a este medio que en principio la investigación se centra entre el 2021 -cuando fueron emitidas las claves de las tarjetas- hasta la actualidad, fuentes legislativas indicaron que muchos de los dueños de las tarjetas forman parte de la Legislatura desde antes del actual periodo de gestión.
Julio "Chocolate" Rigau.
Por estas horas, los investigadores están enfocados en escuchar las declaraciones testimoniales que seguirán a lo largo de este jueves. En simultáneo comenzarán a analizar las pruebas incorporadas al expediente, el contenido de los oficios y su comparación con las explicaciones de los titulares de los plásticos. Otro de los ejes centrales a dilucidar: por qué le entregaron las tarjetas a Rigau.
Pese a que la manera en la que se dieron los hechos parecería dejar al descubierto un caso de clientelismo y presunta defraudación, en la Justicia se manejan con cautela respecto a las conjeturas del caso. Lo que sí, no descartan que a partir del análisis de elementos la trama pueda tomar nuevos ribetes, y desencadenar citaciones a funcionarios políticos de la Cámara.
Así las cosas, la investigación se encamina a dilucidar dos ejes centrales. En primer lugar, buscan confirmar si efectivamente existió un perjuicio patrimonial al Estado, sea porque las personas cobren y utilicen al Estado o porque cobren y no trabajen. Ahí también buscan dilucidar si hubo algún tipo de presión para que entreguen sus tarjetas de débito, sus claves y el dinero de las cuentas.
Por otro, también pretenden establecer si los más de 27 millones de pesos con los que se hizo Rigau en los últimos meses se reflejó de algún modo en su situación patrimonial.
En términos políticos, el caso podría salpicar responsabilidades no solo circunscriptas al oficialismo, que preside la Cámara con Federico Otermín. Fuentes legislativas subrayaron que la elección de autoridades y las firmas funciona con un esquema colegiado en el que también intervienen los espacios políticos opositores, entre ellos la elección del titular de la Secretaría Administrativa del que dependen los contratos.
Muestra de ello, en un caso que a todas luces podría ser utilizado por la oposición para cuestionar al oficialismo, un integrante del cuerpo e integrante de Juntos por el Cambio dijo que por el momento se descartó impulsar pedidos de informes o actuaciones similares.
