POLITICA
Vientos de cambio

Las medidas PRO contra el "curro de los Derechos Humanos"

Desde la asunción de Mauricio Macri, el cambio de rumbo en la política de DD.HH. se hizo evidente, no sólo en las declaraciones sino también en lo hechos. Cuáles fueron las iniciativas más resonantes.

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El Presidente Mauricio Macri junto al Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. | Cedoc
Mauricio Macri había dicho en el 2014, cuando todavía gobernaba la capital porteña, que si llegaba al sillón presidencial terminaría con "el curro de los Derechos Humanos". Tras su victoria electoral, su gestión parece estar apuntada a cumplir esa promesa.

En este marco, los vientos de cambio llegaron a la Justicia y eso se nota. El de hoy es un ejemplo, luego de que la Corte Suprema decidiera aplicar el cómputo del 2x1 para la prisión en un caso de delitos de lesa humanidad. Lo particular es que dos de los tres jueces que votaron a favor del fallo fueron Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, magistrados recordados por haber sido designados en un principio por un DNU del presidente, a principio de su gestión.

En la misma línea, este año el presupuesto de los programas vinculados a los Derechos Humanos sufrió una baja. De $734 millones que estaban presupuestados para 2016, se bajó a $ 643 millones para este año. El Gobierno sostiene que la merma se debe a que los números anteriores estaban “sobreestimados”. 

En el plano internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no sólo fue crítica al calificar de "arbitraria" la detención de Milagro Sala, sino que también le reclama al gobierno nacional los aportes que hacen los países miembros. Según señalaron de los últimos cinco años, éste es el período en el que Argentina aportó menos dinero. 

En diálogo con PERFIL, su presidente, James Cavallaro, urgió al gobierno argentino a comprometerse con la CIDH y estimó que los 40 mil dólares que aportó en lo que va de 2016 son insuficientes. “Que Mauricio Macri sea coherente con sus declaraciones de defensa de los Derechos Humanos y apoye a la Comisión en un momento en que el continente necesita liderazgo. Necesitamos el apoyo argentino”, afirmó.

En este mismo orden, se redujeron las transferencias de recursos a municipios y provincias para la señalización de ex centros clandestinos de detención, como sitios de la memoria y, al mismo tiempo, se limitó la financiación en Universidades con carreras de grado y posgrado vinculadas a los derechos humanos.

Arrestos domiciliarios. Según el último informe de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad,  los arrestos domiciliarios a represores aumentaron significativamente en relación  a diciembre de 2015. Ni bien asumió Mauricio Macri los detenidos domiciliarios eran 439 y en un año y cuatro meses de gestión la cifra ascendió a 518, que representa el 48% de los 1044 detenidos  por delitos de lesa humanidad.

Por otro lado, la decisión del Estado de discontinuar con las apelaciones ante las prisiones preventivas que los militares detenidos por la última dictadura van a ir solicitando a la Justicia causó repudio en el ambiente opositor.

En la misma línea, en agosto del año pasado el gobierno resolvió retirar su co-querella del caso Saiegh, donde se investigan delitos perpetrados por un grupo de tareas de represores ligados a la Policía Federal, con la connivencia de civiles y funcionarios del Banco Central de la República Argentina, medida que marcó un alarmante precedente. 

Declaraciones. Las opiniones que han hecho públicas funcionarios del oficialismo, también son tema de polémica. Las palabras del exministro de Cultura porteño Darío Lopérfido acerca de la cifra de desaparecido fueron de las más resonantes y criticadas.  "En Argentina no hubo 30 mil desaparecidos", afirmó el funcionario y sostuvo que la cifra "se arregló en una mesa cerrada" para "conseguir subsdidios". Tampoco pasaron desapercibidas las declaraciones del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión que negó que haya habido un plan sistemático durante la dictuadura. "No comparto que haya habido un plan genocida", sostuvo.

En medio de la polémica, el propio Mauricio Macri declaró el año pasado en medios internacionales que "no tengo idea si fueron 9 mil o 30 mil", al tiempo que se refirió a la dictadura militar como una "guerra sucia".

Hasta ahora, el Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj se ha manifestado siempre en línea con los accionares del Gobierno ante estos temas más allá de sus incomodidades.