En el día previo a la reunión del consejo directivo de la CGT en la que, según dejaron trascender integrantes clave de la conducción cegetista se definiría si va o no a un nuevo paro, el Gobierno liberó finalmente los fondos para las obras sociales previstos en un decreto que se había firmado hace poco más de un mes. El retraso en la inyección de fondos, que se estiman desde el inicio de este proceso en 13 mil millones de pesos, había motivado un fuerte enojo de los gremialistas que dejaron trascender la idea de llamar a un paro esta semana.
Según pudo reconstruir este medio a través de fuentes oficiales y gremiales, la demora fue parte de una disputa entre el Gobierno y la CGT, porque la conducción de la central no había acompañado el proyecto de blanqueo laboral. El fracaso del tratamiento legislativo de esta norma ha sido motivo de un cruce de acusaciones, donde cada una de las partes señala al otro como responsable.
La decisión de hoy, que se vio plasmada en la resolución 373/19 de la Superintendencia de Servicios de Salud, aparece como un gesto de apaciguamiento. Se librarán mensualmente unos 500 millones de pesos para engrosar el sistema que cubre los costos de tratamientos extraordinarios. Pero el primer mes el monto se elevará a 1000 millones, por los pagos pendientes de abril. Ante la consulta de este medio, en la Superintendencia descartaron cualquier intencionalidad política o conflicto con la CGT que haya motivado el retraso en el reparto de los fondos y atribuyeron el retraso a cuestiones técnicas.
En la Superintendencia descartaron cualquier intencionalidad política o conflicto con la CGT que haya motivado el retraso en el reparto de los fondos y atribuyeron el retraso a cuestiones técnicas.
El problema que busca subsanar este proceso se arrastra desde la época del kirchnerismo, cuando se acumuló una deuda de 27 mil millones de pesos al sistema de reintegros que se conforma con fondos aportados por los trabajadores. El objetivo de este fondo es distribuir los gastos de tratamientos de enfermedades poco frecuentes, con muy elevados costos como la hemofilia.
En 2016, hubo un primer acuerdo entre la administración de Cambiemos y la CGT, por el cual parte de estos fondos se colocaron en un bono con vencimiento en el 2020. La resolución de hoy establece que los intereses de este bono serán ahora repartidos entre las obras sociales, a partir de los casos complejos que tengan que atender.
La norma también prevé aportar fondos para el denominado Régimen de Compensación, que comprende a los servicios de salud de monotributistas y trabajadoras de casas particulares. Los aportes para este universo son también una demanda de los gremios de la CGT, porque en la mayoría de los casos terminan en obras sociales sindicales y su aporte es en general menor al gasto que les demandan, según los principales dirigentes de al central obrera.
